El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, afirmó que la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo cuenta con respaldo técnico suficiente, pese a la suspensión provisional dictada por una sala judicial.
El funcionario indicó que se realizaron estudios de suelo, análisis geológicos y evaluaciones ambientales que, según sostuvo, descartan riesgos significativos en el área, según declaraciones brindadas al Diario de Centro América (DCA).
Agregó que históricamente la zona no registra inundaciones y que, debido a su topografía, únicamente podría presentarse acumulación de agua, situación para la cual ya se contemplan soluciones técnicas.
Gobernación actuará contra sala que otorgó amparo para suspender construcción de cárcel El Triunfo
El ministro añadió que estos análisis fueron confirmados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
«Es un área que acumula agua, pero que haciendo algunas correcciones se puede construir, eso ya se estableció en el diseño del Cuerpo de Ingenieros. No habrá ningún problema», expresó.
El pronunciamiento surge luego de que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal ordenara la suspensión de los trabajos de construcción, inaugurados un día antes, por posibles riesgos de inundación y en consideraciones relacionadas con la protección de los derechos humanos de los reos.
Sáenz indicó que el proyecto no solo se basa en estudios técnicos de geólogos, sino también en evaluaciones de impacto ambiental, rechazando los señalamientos sobre posibles dificultades de acceso o abastecimiento, al señalar que el Estado cuenta con capacidad logística para garantizar el funcionamiento del centro carcelario, incluso mediante un puente aéreo.
En paralelo, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que impulsará acciones legales contra la resolución judicial, mismas que contemplan la interposición de recursos para revertir el amparo otorgado por la sala, al considerar que «esta no tiene competencia para ello».
El ministro de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, cuestionó que la resolución se haya emitido sin otorgar audiencia previa a las autoridades señaladas, además de poner en duda la legitimidad de los accionantes, al considerar que no se ha acreditado un interés directo para promover el recurso constitucional.
