La viceministra de Tecnología del Ministerio de Gobernación (Mingob), Karen Ortiz, informó sobre avances en las mesas de trabajo con empresas de telefonía para implementar bloqueadores de señal en centros penitenciarios del país.
Según explicó, recientemente se retomaron las conversaciones con las compañías Claro y Tigo, como parte de la coordinación para definir mecanismos que permitan limitar las comunicaciones ilícitas desde las cárceles.
Ortiz indicó que actualmente se trabaja en la elaboración de una propuesta a corto plazo junto con estas empresas, y que en los próximos días se espera contar con una hoja de ruta que permita abordar la problemática desde distintos enfoques.
“Se van a evaluar todas las aristas y tendremos los mecanismos idóneos para abordar esta problemática a corto, mediano y largo plazo”, señaló la funcionaria, al referirse al proceso de intercambio de información con las proveedoras de servicios de telecomunicaciones.
Viceministro Cameros aborda los plazos para instalar bloqueadores de señal en cárceles
PROCESO DESDE INICIO DE FEBRERO
El avance se da en continuidad a las mesas técnicas iniciadas a principios de febrero, cuando el Ministerio de Gobernación impulsó un diagnóstico sobre la situación de los bloqueadores de señal en los centros de detención.
En ese momento, autoridades señalaron que la falta de efectividad de los sistemas actuales ha permitido que delitos como las extorsiones continúen siendo coordinados desde las cárceles, incluso mediante redes clandestinas y tecnología no convencional.
El exviceministro de Tecnología, William Cameros, había explicado en febrero, durante una citación en el Congreso de la República de Guatemala, que el proceso de implementación podría tomar entre cuatro y cinco meses para la instalación de sistemas, más un periodo adicional de tres a cuatro meses para su habilitación.
Asimismo, señaló que el proyecto requiere definir un cronograma y analizar su financiamiento, además de establecer responsabilidades para las empresas proveedoras en caso de fallas en el servicio.
Cameros también indicó que el modelo que se analiza contempla que el servicio sea operado directamente por una empresa especializada, sin intervención del personal del sistema penitenciario, como una medida para garantizar su efectividad.
