El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) suscribió un convenio que permite el préstamo de USD50 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el proyecto de Finanzas Públicas Inteligentes: Gestión del Gasto Público.
La firma se realiza como parte del decreto 26-2025 del Congreso de la República, aprobado el 25 de noviembre de 2025, con el objetivo de modernizar la gestión del gasto público del gobierno.
El convenio establece un período de 29 años, que incluye siete años de gracia para el préstamo, donde el ministerio deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, garantizando el cumplimiento de las obligaciones financieras y la sostenibilidad del proyecto.
Durante su visita, el presidente @BArevalodeLeon también presenció la firma del convenio entre el #Minfin y el @BancoMundial para implementar el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes Gestión del Gasto Público basada en Datos para una Mayor Eficiencia, que tiene como objetivo… pic.twitter.com/cSMSFcuyj3
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El préstamo se distribuirá en tres componentes estratégicos: USD8 millones se destinarán a la gestión pública inteligente, USD35 millones al desarrollo de un «ecosistema de información seguro y sostenible» para la administración de las finanzas públicas y USD7 millones a fortalecer la gobernanza, la capacidad institucional y el intercambio de conocimiento.
Por otra parte, los pagos de este préstamo se harán los días 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año.
El ministro @jmenkos explicó que el plan de acción para 2026 apunta a consolidar un Ministerio de Finanzas Públicas más preventivo, digital y orientado a resultados, con decisiones públicas respaldadas por el uso de datos y evidencia, que genere mayor confianza ciudadana y… pic.twitter.com/CD4EUIyZQI
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Finanzas aclara que este proyecto, financiado mediante el convenio, buscará aplicarse en tres áreas diferentes, siendo estas:
- Fortalecimiento de la planificación y ejecución del presupuesto público, para garantizar que los recursos se destinen de manera ordenada a servicios como educación, salud, protección social e infraestructura básica.
- Modernización de los sistemas tecnológicos que administran las finanzas del Estado, incorporando medidas de seguridad frente a ciberataques y asegurando un funcionamiento integrado y sostenible.
- Mejora de la coordinación institucional y el uso de datos en la toma de decisiones, promoviendo el intercambio de información y conocimientos entre entidades.
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