Ante la crisis en el Sistema Penitenciario (SP), el Gobierno ha apuntado a la reestructuración de este, dando inicio con la construcción de nuevas cárceles y reformas a los guardias asignados a estas, según explica el Ministerio de Gobernación (Mingob).
En una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, expuso estas acciones como una de las principales falencias que presentan los presidios del país.
Villeda explicó que junto a las cárceles de máxima seguridad, tanto la de Masagua, Escuintla, como la de Izabal —que se construirá conjunto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército— espera otorgar nuevos centros penitenciarios, así como reacondicionar los ya existentes.
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«Claro que se puede hacer este cambio y tenemos la convicción de que lo vamos a lograr. Necesitamos construir nuevas cárceles, reacondicionar las que ya tenemos para que cumplan procesos de rehabilitación y seguridad», puntualiza el funcionario.
Así también, este aclaró que las reformas a la guardia penitenciaria se presentarán con las nuevas generaciones que se encuentran siendo instruidos, asegurando que su debilitamiento es uno de los factores influyentes para el control de los centros.
«A partir de ellos se puede tener plenamente el control de las cárceles, evitar la corrupción y evitar que objetos ilícitos entren a los centros penales», agrega Villeda, indicando que para este año se espera formar a más de 600 guardias.
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REFORMAS E IMPLEMENTACIÓN DE LEYES
Villeda también expone que estos dos ámbitos no son los únicos que se deben considerar, haciendo mención de reformas a leyes que permitan mayores controles, así como el seguimiento a los actos delictivos que se presentan en dichos centros.
Este hizo mención sobre reformas a leyes que permitan liberar el hacinamiento de las cárceles, esto derivado al cumplimiento de condenas que «por trámites administrativos» no se concretan, afirmando que una solución puede ser el control telemático.
En la misma línea, este hizo referencias a las reformas a la ley de lavado de dinero, asegurando que las condenas puedan ser intercambiadas por trabajo social, esto ante una incapacidad para pagar las multas impuestas.
