En años recientes, la Ley de Aceptación de Cargos ha sido utilizada de forma recurrente por jueces y personas sindicadas como un mecanismo para acortar penas y evitar el debate oral y público, práctica que ha generado fuertes cuestionamientos sobre su impacto real en la justicia.
En este contexto, La Hora realizó el 13 de enero un sondeo entre 50 juristas agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el que se evidencia un amplio rechazo a la forma en que esta normativa se aplica actualmente en Guatemala.
Los resultados del sondeo reflejan una percepción mayoritariamente crítica, ya que un 72 % de los participantes respondió esta ley no es aplicada para garantizar justicia de las víctimas, frente a un 28% que consideró que sí.
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Por otra parte, al responder si la ley ha sido utilizada de forma abusiva en casos de alto impacto o corrupción, el 84% de los consultados respondió afirmativamente, mientras que solo un 16% negó dicha práctica.
Las respuestas muestran un consenso amplio en que la aceptación de cargos ha sido empleada en procesos sensibles, generando beneficios indebidos para sindicados en delitos graves y debilitando la percepción de justicia.
PROPUESTAS DE REFORMA APUNTA A DELIMITACIÓN DE DELITOS
Las opiniones recogidas en el sondeo también coinciden en la necesidad de reformas profundas de la ley, siendo en su mayoría la de delimitar de manera urgente en el tipo de delitos que puede ser aplicada.
Entre las principales propuestas destacan:
- Limitar la aplicación de la ley a delitos menores, excluyendo delitos contra la vida, casos de alto impacto y corrupción.
- Garantizar una reparación digna, rápida y efectiva para las víctimas, como condición central del procedimiento.
- Evitar la reducción de penas en delitos graves o cuando las condenas superen los cinco años.
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- Impedir su uso en casos de reincidencia y analizar previamente la peligrosidad del victimario.
- Condicionar la aceptación de cargos a una colaboración eficaz con la investigación, más allá de la simple admisión de culpabilidad.
- Reformar el Código Penal y Procesal Penal, señalando que la legislación vigente responde a marcos normativos antiguos.
- En algunos casos, incluso, derogar la ley, al considerar que su aplicación ha sido distorsionada de forma estructural.
Varias respuestas también apuntan a la necesidad de fortalecer la labor del Ministerio Público (MP), subrayando que un caso «se gana o se pierde desde el manejo de la escena y los indicios», y denunciando aplicaciones arbitrarias por parte de jueces.
UN SISTEMA QUE FORTALECE AL DELINCUENTE
Desde la Policía Nacional Civil (PNC), el director David Custodio Boteo cuestionó abiertamente el sistema de justicia y la legislación vigente, al afirmar que las normas actuales favorecen a los delincuentes y no responden al nivel de violencia que ejercen las estructuras criminales en el país.
Aunque reconoció que la definición de penas no corresponde a la institución policial, Boteo sostuvo que existe un desequilibrio entre los derechos de los sindicados y los de las víctimas, señalando que leyes como la de aceptación de cargos benefician principalmente a los detenidos.
«Los derechos del delincuente no pueden ser más válidos que los derechos del ciudadano a pie (…) no es posible que el día de hoy se capture un delincuente con un arma de fuego y una aceptación de cargo ilógica», afirmó.
EL PROBLEMA NO ES LA LEY, SINO QUIEN LA APLICA
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda —quien con anterioridad desempeñó el cargo de juez— ofreció una lectura distinta sobre como esta ley suele ser utilizada en el país, apuntando a los jueces que la usan como coerción al sindicado.
Villeda reconoció que la Ley de Aceptación de Cargos fue creada con un objetivo legítimo, inspirado en el modelo anglosajón, donde una alta proporción de casos se resuelve mediante negociaciones previas al juicio, con la finalidad de descongestionar los tribunales de sentencia y evitar debates innecesarios cuando existían pruebas contundentes.
Sin embargo, señaló que en Guatemala la ley ha sido utilizada de forma indebida, convirtiéndose en un mecanismo de presión, denunciando prácticas en las que personas son imputadas sin evidencia suficiente, enviadas a prisión preventiva y mantenidas bajo esa condición para forzarlas a aceptar cargos.
#AhoraLH | El ministro Villeda explica el uso de ley de aceptación de cargos, indicando que esta se usa para quebrar a los imputados, siendo una coacción entre las personas que las aplican y el condenado para negociar su libertad.
📹: José Orozco/LH
✍️: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/p1LIrAz5r4— Diario La Hora (@lahoragt) January 21, 2026
“No se ha utilizado para descongestionar los tribunales, sino como un mecanismo de coerción”, afirmó.
Villeda insistió en que el problema no es la normativa en sí, sino la falta de ética de quienes la aplican, calificando esta distorsión como resultado de la «catadura moral» de ciertos operadores de justicia.
