La semana estuvo marcada por una nueva crisis en seguridad a la que se enfrenta el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, tras una serie de motines simultáneos en centros penitenciarios y ataques armados en contra la Policía Nacional Civil (PNC) lo que obligó al Ejecutivo a declarar estado de sitio a nivel nacional.
La crisis comenzó desde el sábado 17 de enero, autoridades confirmaron disturbios simultáneos en los centros carcelarios de Fraijanes II, Preventivo para Varones de la zona 18 y Renovación I, donde privados de libertad del Barrio 18 se amotinaron y retuvieron a más de 40 personas, entre guardias penitenciarios y personal administrativo.
Durante el motín, los reos plantearon diversas exigencias, entre ellas el traslado de líderes específicos, principalmente alias “El Lobo”, así como demandas relacionadas con sus condiciones de reclusión.
El Ministerio de Gobernación negó de forma categórica cualquier tipo de negociación y aseguró que el Estado mantenía el control del sistema penitenciario, reiterando que no se negociarían condiciones con estructuras criminales.
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ATAQUES CONTRA LA PNC
Un día después se registraron ataques armados casi simultáneos contra agentes de la PNC en distintos puntos del país, que se saldó con 10 oficiales fallecidos.
Ese mismo día, el Ejército de Guatemala inició patrullajes combinados con la PNC en municipios y zonas consideradas estratégicas, como Villa Nueva, Fraijanes, zona 18 y zona 6, como parte de las medidas de contención.
El ministro de Gobernación afirmó públicamente que los agentes policiales contaban con legitimidad para actuar ante los ataques armados, mientras se reforzaban las operaciones de seguridad.
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ESTADO DE SITIO Y LUTO POR AGENTES
Ante la magnitud de los hechos, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de Sitio en todo el territorio nacional, argumentando que los motines y ataques representaban una amenaza directa al orden público y a la seguridad del Estado. La medida incluyó restricciones temporales a derechos constitucionales.
Ese mismo día, el mandatario decretó tres días de luto nacional por la muerte de agentes de la PNC y señaló que los hechos violentos evidenciaban la actuación de estructuras criminales con capacidad de coordinación, así como la existencia de mafias corruptas que, según el Ejecutivo, buscan desestabilizar al país.
ACLARACIONES E INVESTIGACIÓN
En el contexto del estado de sitio, las autoridades brindaron aclaraciones clave sobre el desarrollo de las investigaciones.
Se informó de la captura de un pandillero del Barrio 18 quien presuntamente tenía en su teléfono celular el plan operativo de uno de los ataques armados, lo que reforzó las sospechas sobre filtraciones de información y posibles vínculos internos con estructuras criminales.
El director de la PNC solicitó públicamente el aislamiento total de pandilleros, y cuestionó el impacto de la ley de aceptación de cargos, al considerar que limita la capacidad del Estado para sancionar con mayor severidad a integrantes del crimen organizado.
Desde el ámbito de la defensa, se señaló que los hechos podrían formar parte de una acción desestabilizadora contra el Gobierno, en un contexto de alta tensión política y social.
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CAPTURAS
Como resultado de las operaciones derivadas del estado de sitio, la PNC confirmó la captura de al menos 23 pandilleros vinculados al Barrio 18. Entre los detenidos figura alias “Liro Rebelde”, señalado por la muerte de dos agentes en la zona 11 capitalina.
Asimismo, se realizaron traslados de privados de libertad considerados de alto riesgo, incluyendo al hermano de “El Lobo”, alias “El Smurf” y “El Inquieto”, desde Fraijanes II hacia el Preventivo de la zona 18.
El Ministerio de Gobernación aseguró que estas decisiones responden a criterios técnicos y de seguridad, descartando que existieran ofrecimientos formales para trasladar a “El Lobo” a una prisión en el extranjero.
Las autoridades también confirmaron que la PNC había recibido alertas sobre posibles ataques contra agentes el día en que se produjeron los motines, información que ahora forma parte de las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles fallas en los sistemas de prevención.
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INDIGNACIÓN
Las decisiones judiciales relacionadas con los ataques armados y los motines generaron una reacción crítica por parte del Ejecutivo, que expresó su inconformidad con la forma en que se estaban imputando cargos a integrantes del Barrio 18.
Arévalo calificó como «un insulto a los policías asesinados» las imputaciones realizadas contra un pandillero del Barrio 18 vinculado a un ataque contra fuerzas de seguridad, al considerar que los cargos no reflejaban la gravedad de los hechos ni el impacto institucional y humano de las agresiones. La acusación del MP no incluyó los delitos de asesinato ni terrorismo.
En la misma línea, el Gobierno señaló que la «insuficiente» imputación de cargos no solo afecta la memoria de los agentes fallecidos, sino que también debilita los esfuerzos de contención desplegados por la PNC y el Ejército durante la vigencia del estado de sitio.
