La imposibilidad de destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, responde a los límites institucionales y políticos, los cuales no pueden ser rebasados sin afectar el orden democrático, así lo afirmó el presidente Bernardo Arévalo.
Durante una entrevista en el programa radial Con Criterio, el mandatario señaló que un mayor respaldo político habría permitido avanzar con mayor contundencia en la agenda anticorrupción.
«Si yo hubiera tenido una bancada mayoritaria en el Congreso de la República, seguramente hubiéramos podido hacer mucho más», afirmó, al tiempo que indicó que la falta de apoyo en el sistema de justicia también condicionó el alcance de las acciones del Ejecutivo.
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Arévalo recalcó que su administración ha actuado únicamente dentro de las herramientas legales disponibles y rechazó cualquier salida de fuerza.
«Uno no construye una democracia rompiendo el Estado de derecho», sostuvo, en referencia a propuestas de la población que planteaban el uso de la fuerza pública o del Ejército para remover autoridades, las cuales calificó como rupturas institucionales inaceptables.
Según el presidente, uno de los principales desafíos ha sido enfrentar a sectores que operan desde dentro de las instituciones utilizando una legalidad aparente.
En ese contexto, afirmó que «los enemigos de la democracia (…) operan con el manto de la legalidad y entonces cometen acciones ilegales desde ese manto», lo que obliga al gobierno a respetar resoluciones que, aunque formales, considera contrarias al espíritu constitucional.
También explicó que su gobierno trabaja en dos frentes simultáneos: la recuperación institucional y la lucha contra la corrupción, así como la entrega de resultados concretos a la población.
«A la democracia no la van a defender las élites. A la democracia la defiende el pueblo», afirmó, recordando las manifestaciones realizadas por la población y autoridades indígenas que lo llevaron al poder durante el proceso electoral de 2023.
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Arévalo señaló que la salida de la actual jefa del Ministerio Público solo podía concretarse mediante reformas legales impulsadas desde el Congreso o a través de resoluciones del máximo tribunal constitucional, iniciativas que no prosperaron.
En ese marco, destacó que restan poco más de cuatro meses para que el presidente designe a una nueva autoridad en esa institución, lo que —dijo— podría marcar el cierre de un periodo de confrontación.
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