Los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, mantienen una disputa territorial que en los últimos años ha derivado en episodios recurrentes de violencia armada que han dejado decenas de víctimas civiles.
Pese a la intervención constante del Estado mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural, ante diferencias entre ambas alcaldías.
La confrontación, que tiene antecedentes históricos desde el siglo XIX, se ha reactivado en distintos momentos recientes, con pausas temporales, aunque no se ha resuelto el fondo del problema: la definición y administración del territorio en disputa.
Nahualá denuncia desinformación oficial sobre fallecidos y exige investigar al Ejército
NAHUALÁ PIDE RESPETO A ACUERDOS
Las autoridades comunitarias y pobladores de Nahualá han insistido, especialmente desde 2019, en que el Estado cumpla y haga efectivos los acuerdos previamente alcanzados para resolver el conflicto.
En particular, han señalado el acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa.
Como medida de presión, en agosto de 2022, comunitarios de Nahualá bloquearon durante una semana el kilómetro 157 de la ruta Interamericana, exigiendo la aplicación de esos compromisos y una resolución definitiva del conflicto limítrofe.
Aunque se instalaron mesas de diálogo con el Gobierno, no se alcanzaron acuerdos concretos, y los incidentes violentos continuaron de forma intermitente.
SANTA CATARINA IXTAHUACÁN RECLAMO HISTÓRICO
Por su parte, Santa Catarina Ixtahuacán mantiene su reclamo histórico sobre el territorio en disputa, postura que ha sido sostenida por generaciones y que también se apoya en interpretaciones propias de los límites municipales.
Durante los distintos episodios de violencia, los pobladores de este municipio han señalado que defienden lo que consideran tierras que les pertenecen, lo que ha alimentado la confrontación directa con comunidades de Nahualá.
La falta de una definición administrativa o judicial clara ha provocado que ambas municipalidades mantengan posiciones encontradas, sin aceptar plenamente mecanismos que no garanticen, desde su perspectiva, la certeza sobre la propiedad y el control del territorio.
CONFLICTO USADO PARA ATAQUES ARMADOS
Desde 2019, con enfrentamientos que dejaron al menos cuatro civiles fallecidos, pasando por la masacre de diciembre de 2021 —con al menos 13 muertos—, hasta los choques armados registrados en diciembre de 2025, el patrón se ha repetido: escaladas de violencia, intervención estatal, contención temporal y reaparición del conflicto.
En el más reciente, el Ejecutivo decretó estado de prevención por 15 días, argumentando no solo la persistencia del conflicto territorial, sino también la posible infiltración de grupos del crimen organizado y el uso de armas de alto poder en los enfrentamientos.
