La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) separados de sus cargos desde diciembre de 2023, con lo que podrán retomar sus funciones mientras se resuelve a su situación legal, informaron fuentes del Organismo Judicial.
El fallo revierte temporalmente las resoluciones de la Sala Primera y la Sala Tercera de Apelaciones, que habían ordenado su suspensión y les habían prohibido acercarse a la institución.
Con la decisión de la CSJ, los magistrados Irma Elizabeth Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco podrán volver a sus cargos en el TSE, luego de casi un año fuera de sus puestos.
Un año sin audiencia: el limbo judicial de los magistrados del TSE, aún sin saber si irán a juicio
CASO JUDICIAL FRENADO POR UN AÑO
El caso que mantiene a los togados en incertidumbre comenzó en diciembre de 2023, cuando perdieron su inmunidad y fueron ligados a proceso por la presunta sobrevaloración del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El Ministerio Público (MP) los señala de irregularidades en la adquisición del software; la audiencia de etapa intermedia, programada inicialmente para el 29 de agosto de 2024, continúa sin iniciar más de 12 meses después.
Magistrados del TSE y busca de legalidad: en manos de la Cámara de Amparos que regresen a sus cargos
Suspensiones, recusaciones y decisiones contradictorias entre salas han impedido que el Juzgado Segundo Penal, ahora a cargo del juez Mario Hichos, fije una fecha para determinar si el caso debe avanzar a juicio o cerrarse.
Para los magistrados y diversas organizaciones internacionales, la prolongación del proceso constituye un “retardo malicioso”. La relatora de la ONU que visitó el país en junio pasado también señaló patrones de dilación en este expediente.
IMPACTO EN EL TSE
La salida de los cuatro titulares dejó a Blanca Alfaro al frente del TSE, acompañada únicamente por magistrados suplentes.
Durante ese período, el organismo entregó al Ministerio Público información sensible como el padrón electoral y el código fuente del TREP, acciones que diversos sectores interpretaron como un cambio en el equilibrio interno del tribunal.
