La semana que queda atrás para el presidente Bernardo Arévalo y gabinete se vio nuevamente marcada por las denuncias judiciales, vetos presidenciales, nuevas alianzas en el Congreso y pronunciamientos internacionales.
Pese a ser una semana corta, debido al asueto del 1 de noviembre corrido para entidades del Estado al día 3, el Ejecutivo arrancó con la conferencia de prensa semanal desde el departamento de Alta Verapaz, donde el gobernante anuncio su decisión de denunciar ante la Junta de Disciplina Judicial al juez Fredy Orellana.
Orellana es señalado por el Ejecutivo de posible prevaricato y abuso de autoridad por su resolución que declaraba la nulidad del registro del partido Movimiento Semilla, por lo que Arévalo solicita el retiro de su inmunidad, bajo el argumento de que el juez actuó de manera ilegal e inconstitucional.
Arévalo presenta denuncia contra juez Orellana por posible prevaricato y busca que sea suspendido
La denuncia se une a las advertencias dadas por el mandatario en un mensaje a la nación en el que señaló al juez de pretender ejecutar un golpe de Estado, por lo cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que Orellana fuese destituido, un mensaje en el que también le hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y solicitó una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El organismo continental adoptó una declaratoria de apoyo a la democracia y al orden constitucional del país, en un gesto interpretado como respaldo directo al gobierno de Arévalo y a su gestión frente a los ataques institucionales que sufrió desde su elección.
El discurso de Estados Unidos ante el organismo reafirmó el interés por la estabilidad política y la defensa del Estado de derecho en Guatemala con el seguimiento que dará una misión de la OEA a las elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como de l proceso para elegir al nuevo Fiscal General.
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PULSO POLÍTICO TRAS ELECCIÓN DE JD
El ámbito político también vivió movimientos significativos. El Congreso de la República eligió su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2027, presidida por el diputado Luis Contreras Colindres, del partido CREO.
Pese al tono diplomático, la elección generó tensiones. Algunos diputados, entre ellos Allan Rodríguez, acusaron al Ejecutivo de interferir en el proceso mediante presiones políticas o negociaciones internas.
El presidente respondió afirmando que su gobierno busca cooperación, no cooptación, y que el diálogo entre poderes es esencial para la gobernabilidad.
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VETO POR EL AMBIENTE
En materia legislativa, el presidente Bernardo Arévalo tomó una decisión clave al vetar el Decreto 09-2025, aprobado por el Congreso y que pretendía reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
La iniciativa exoneraba a iglesias, asociaciones benéficas y algunos profesionales de la obligación de presentar estudios de impacto ambiental. Según el mandatario, esto representaba un “retroceso inaceptable” para el país en materia de protección ecológica.
El Ejecutivo argumentó cinco razones principales para el veto: la modificación del término “comercial” en la ley, que restringía el alcance de los estudios ambientales; la exoneración de sectores antes obligados a cumplirlos; la incongruencia jurídica con normas ya reformadas; la omisión de sanciones; y la violación de tratados internacionales, como el Protocolo de San Salvador, que garantiza el derecho a un ambiente sano.
