Proyecto de cárcel de máxima seguridad en Masagua tambalea; Mingob busca alternativas en otros departamentos

El proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Guatemala, originalmente planteado durante el gobierno de Alejandro Giammattei y retomado por la actual administración de Bernardo Arévalo, continúa sin concretarse.

A pesar de haber sido adjudicado a finales de 2023 con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el avance ha sido mínimo debido a múltiples obstáculos de carácter técnico, financiero y social.

Durante una reciente presentación de indicadores de violencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, abordó el tema y reconoció que el proyecto presenta un año de atraso debido a complicaciones en su etapa inicial.

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«Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año», expresó el funcionario.

Jiménez detalló que cuando su administración asumió funciones, ya existían reportes de problemas en la ejecución del proyecto.

“Tomamos posesión, encontramos que ya el gobierno anterior, la administración anterior, había evaluado algunos elementos problemáticos en la aplicación y en la ejecución de este proyecto. Nosotros, dadas las circunstancias del momento, decidimos continuar con el proyecto”, dijo.

FACTORES PARA EL ATRASO

Uno de los factores que ha generado mayores dificultades es el terreno originalmente destinado para la obra, ubicado en Masagua, Escuintla.

Según Jiménez, el lugar fue ocupado por pobladores que se oponen al proyecto, y aunque fueron desalojados, la resistencia comunitaria persiste. Sin embargo, aclaró que el conflicto con la comunidad no es el obstáculo principal en este momento.

“El inconveniente ya no es con la comunidad ni con la municipalidad, eso se resolvió mediante diálogo. El verdadero problema es de carácter legal y técnico: se trata de un conflicto histórico de medición y registro de tierras, derivado de la antigua reforma agraria. Este problema impide la obtención de licencias y debe resolverse judicialmente”, explicó.

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Debido a este bloqueo legal, el Ministerio de Gobernación ha comenzado a contemplar un posible traslado del proyecto al departamento de Petén, que se perfila como la alternativa más viable.

“Estamos negociando con el banco para evaluar esta posibilidad. En Petén hay terrenos que pertenecen al Estado o han sido adquiridos por extinción de dominio. El proceso allí sería más sencillo, pues no existen los problemas catastrales que enfrenta Masagua. Hay una pequeña invasión, pero puede resolverse mediante diálogo con los ocupantes”, señaló Jiménez.

El ministro también confirmó que ya se evalúan terrenos específicos en Petén y en otros puntos, como una finca en Zacapa, y no descartó la expropiación como último recurso si no se logra avanzar por otras vías. “No es lo ideal, pero es una alternativa legal que se tiene que considerar”, indicó.

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Además, las condiciones económicas han cambiado desde que se adjudicó la obra, lo que ha elevado significativamente los costos proyectados. “El valor asignado al proyecto en el 2023, por temas de inflación, ya no es el mismo. Ha sido un problema administrativo de concepción y diseño del proyecto, lo cual nos ha retrasado considerablemente”, reconoció.

Este dato resalta debido a que el costo estimado de la obra asciende a Q668 millones, financiados con un préstamo del BCIE, siendo la empresa adjudicada al consorcio mexicano Grupo Tradeco, integrado por Innovaciones Técnicas de Cimentación (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction Inc.

CRÍTICAS Y BAJA PRIORIDAD

La viceministra antinarcóticos, Claudia Palencia, también ha manifestado reservas sobre la ejecución del proyecto. En mayo pasado, aseguró que este no es una prioridad actual para la cartera, sin embargo, se debe trabajar en ello.

«Se deben revisar de manera detenida la documentación junto a la empresa contratada para que la ejecute», explicó.

Palencia también reconoció que «se desconoce la fecha en que estarán listos los procesos administrativos que permitan la ejecución del proyecto», lo que dependerá de las decisiones que tome la empresa adjudicada.

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Por su parte, el exdirector del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, indicó en febrero pasado ante el Congreso, que la construcción debió haber iniciado en agosto de 2024, pero no fue posible debido a la falta de aprobación técnica y el rechazo de algunas comunidades.

«Deberíamos iniciar el año pasado, pero por atrasos que no teníamos contemplados, esperamos este mes iniciar, a más tardar en marzo (de 2025)», mencionó Vela en su momento.

CAPACIDAD EN CÁRCELES

Mientras el proyecto continúa estancado, las cárceles de Guatemala enfrentan una crisis de hacinamiento sin precedentes.

Según datos de Walter Menchú, investigador del CIEN, el país mantiene una de las tasas más bajas de reclusión en América Latina (129 reos por cada 100 mil habitantes), pero la tasa de ocupación penitenciaria es del 342%, la más alta de la región.

Según el analista, en 2014 había espacio en el sistema carcelario del país de 6 mil 676 personas, y al 30 de junio de 2025, apenas había capacidad para 6 mil 842.

Esto contrasta con una población penitenciaria que ya supera las 23 mil personas privadas de libertad, lo cual genera serias dificultades de control y favorece la operación de redes criminales desde el interior de los centros.

Con relación a Masagua, de acuerdo a los planos, su distribución se plantea como:

• En máxima seguridad: 8 personas por celda, revestidas con plancha de acero por ambas caras, abrirán hacia el exterior de la celda, contarán con 4 bisagras antidesmonte, de 4 pulgadas en acero.
• Las puertas contarán con mirillas para inspección ocular de 15 cm. x 15 cm. protegidas con un material transparente antivandálico
• El edificio contará con 3 consultorios: dos de medicina general; así como uno de odontología para desarrollo de actividades preventivas, curativas y de rehabilitación.
• Encamamiento con capacidad para 32 camas
• Planta de tratamiento de aguas residuales
• Helipuerto para uso de autoridades de Gobierno.

RENOVACIONES COMO SUSTITUTO

Ante la falta de avances en la cárcel de Masagua, el Ministerio de Gobernación ha optado por fortalecer el modelo de “Renovación” de cárceles ya existentes.

El ministro Jiménez anunció que antes de finalizar 2025 se esperan inaugurar Renovación II y Renovación III, siguiendo la experiencia del centro carcelario Renovación I (antes conocido como El Infiernito).

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«Sacamos a las personas privadas de libertad, sacamos los ilícitos, empezamos el remozamiento de la infraestructura, adecuándolo con medidas de mayor seguridad», explicó, «La fórmula de la renovación es para lograr control, mayor seguridad, tecnología y personal capacitado».

Estos proyectos de remozamiento incluyen la reubicación de reos de alta peligrosidad, como ocurrió el pasado 30 de julio, cuando más de 800 agentes trasladaron a 10 líderes de las pandillas Barrio 18 (B-18), y Mara Salvatrucha (MS-13), hacia la cárcel de máxima seguridad Renovación 1.

RUMBO INCIERTO

A pesar de los esfuerzos por mantener vigente el proyecto original en Masagua, el futuro de la cárcel de máxima seguridad sigue siendo incierto.

El Ministerio de Gobernación asegura que «el proyecto va», pero dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas, administrativas y del diálogo con las comunidades.

«La idea fundamental (…) es que estos fondos sean para construir una cárcel. Y tenemos algunas opciones que podría ser que no sea Masagua donde construyamos», reiteró Jiménez.

La Hora intentó comunicarse con el consorcio mexicano a cargo del proyecto para hacerle un requerimiento de comentarios, pero no fue posible.

Después de una semana de enviarles correos electrónicos, no dieron respuesta. Tampoco respondieron a los números de teléfono que aparecen en su sitio web.