Durante las últimas semanas, autoridades han registrado un alza en las recapturas de presuntos delincuentes sindicados por delitos de portación de arma de manera ilegal, lo que es posible gracias a que la ley de aceptación de cargos juega a su favor.
La afirmación fue dada por el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, quien explicó que dicha ley otorga beneficios conmutables a los ya capturados, esto sin importar si tenían condenas previas.
«Como Policía Nacional Civil hemos estado haciendo nuestro trabajo, pero se necesita que el sistema de seguridad y justicia también tenga ese compromiso y esa responsabilidad», expresó el director en conferencia de prensa.
#AhoraLH | El director de la PNC, David Boteo, expresa que uno de los mayores registros de incidencia criminal son las recapturas por portación de arma de fuego, indicando que estos vuelven a las calles gracias a la ley de aceptación de cargos.
📹: Fabricio Alonzo/LH
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Este afirma que en las recapturas por portación de arma, «generalmente solo se verifica el hecho delictivo, pero no las causas como tal», indicando que esto impide la desarticulación de posibles estructuras que permiten la facilitación de armas de uso ilegal a presuntos criminales.
«Anteriormente, ante el beneficio que se les daba con la figura de colaborador eficaz, este colaborador eficaz era valorado, se obtenía toda la información pertinente y se solicitaban métodos de investigación criminal (…) ¿Qué sucede en la actualidad con la ley de aceptación de cargos? Que el delincuente acepta el cargo y generalmente se le reduce la pena a la mitad», explicó.
LEY DE ACEPTACIÓN DE CARGOS
La aceptación de cargos es un concepto jurídico que permite a un procesado reconocer su responsabilidad en los hechos que se le imputan, con el objetivo de obtener beneficios legales y procesales.
En Guatemala, dicha ley tuvo lugar tras las reformas al decreto 51-92 del Congreso de
la República al Código Procesal Penal, vigente desde el 2022, con el cual se intentaba «agilizar el proceso penal y reducir la sobrepoblación carcelaria».
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