Organizaciones denuncian uso abusivo de imputaciones y reserva de casos contra dirigentes indígenas

En el marco de la próxima audiencia para determinar si son ligados o no a proceso los ex dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, Amnistía Internacional denunció un uso abusivo del delito de terrorismo y reserva de casos por parte del Ministerio Público (MP).

La organización explica mediante un comunicado que estos delitos, junto al de asociación ilícita, amenazan al «legítimo ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica» y representan una persecución a forma de institucionalidad indígena.

«Recordamos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que las autoridades deben abstenerse de utilizar leyes antiterroristas para penalizar el ejercicio de estos derechos», expresa el comunicado.

#Guatemala: Organizaciones denunciamos la detención arbitraria y criminalización de autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Exigimos que @MPguatemala y @OJGuatemala cumplan con el debido proceso y plazo razonable #LibertadParaLuisyHector

👉🏽 Revisa nuestro comunicado… pic.twitter.com/G88yqmZcT1

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) July 8, 2025

El comunicado también hace mención de la constante en este tipo de proceso, la reserva de casos, la cual indican es usada para «limitar el derecho de defensa y el escrutinio público».

De igual forma, las organizaciones recalcan que el uso de la prisión preventiva ante la extensión de plazos para llevar a cabo las audiencias se trata de un abuso por parte de las autoridades encargadas de los procesos penales.

Además de Pacheco y Chaclán, las organizaciones también resaltan el uso de este tipo de prácticas en casos de persecución penal y detención arbitraria de la ex fiscal Virginia Laparra y el periodista Jose Rubén Zamora.

«Instamos a la justicia guatemalteca a que los imputados se puedan defender en libertad, se ponga fin a la reserva del proceso, se garantice el escrutinio público y se cumplan con todas las garantías del proceso penal, incluyendo celebrar un juicio en un plazo razonable», agrega.