Gobierno presenta propuesta de ley para la renovación de los puertos nacionales

Kenneth Jordan

Como parte del desarrollo en el sistema portuario del país, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz Bobadilla, dio a conocer una propuesta de ley para la regulación de los puertos.

La propuesta se presenta en el marco de la firma de una carta de entendimiento entre el Comando Sur de los Estados Unidos y Guatemala para el inicio de los trabajos de ampliación y renovación del Puerto Quetzal.

Según Díaz Bobadilla, la propuesta contará con un total de 12 títulos y 106 artículos que sentarán las bases para mejorar los servicios que se prestan en las instalaciones portuarias.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo expresó que esta propuesta, así como la firma de la carta de entendimiento, será una solución al «rezago histórico en la ampliación y construcción de puertos».

Arévalo indica que la propuesta ya fue enviada al Congreso de la República para ser conocida por el pleno de legisladores.

«Hago un llamado al Congreso para que asuma su responsabilidad, conozca esta iniciativa y agote el procedimiento para que apruebe y que Guatemala tenga puertos que respondan a las necesidades del siglo 21», expresó Arévalo en la conferencia de prensa semanal del Organismo Ejecutivo.

DETALLES DE LA PROPUESTA

Durante la lectura de los títulos que posee la propuesta, el ministro Díaz Bobadilla destacó los siguientes:

  • Un sistema portuario con un modelo de gobernanza debidamente estructurado, con un ente regulador, entes regulados, entes de apoyo y regulación.
  • Una autoridad portuaria autónoma y especializada que dirija la planificación portuaria del Estado y regule, norme, vigile y sancione a todos los entes regulados.
  • Mecanismos para dotar a las empresas públicas portuarias, con base en su autonomía, de herramientas y elementos específicos para cumplir su función y mejorar su gestión institucional, dando como resultado proyectos de modernización integral.
  • Facilidades para crear las condiciones jurídicas que permitan la diversificación de las instalaciones portuarias, explotación comercial de la línea de costa y de la zona marítima, ya sea por entes públicos o privados.