La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos en Guatemala, esto tras la detención de Luis Haroldo Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, líderes indígenas vinculados a las protestas contra la Fiscal General, María Consuelo Porras, en 2023.
«La CIDH advierte que esta investigación se inscribe bajo los patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos ampliamente documentados en sus diferentes informes y en las observaciones preliminares de su visita in loco de 2024», expresa su comunicado.
La CIDH expresa que las acciones del Ministerio Público (MP), en este caso, forman parte de una práctica sistemática que utiliza la función penal para «perseguir a quienes defienden la democracia y los derechos humanos«.
La Comisión resaltó el uso de tipos penales ambiguos, la reserva de los procesos, el abuso de la prisión preventiva y la falta de independencia del Ministerio Público.
«Estos patrones incluyen el uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la anticipación de diligencias a través de cuentas asociadas a «netcenters», y el abuso de la prisión preventiva», puntualiza CIDH.
La organización señala que la criminalización de autoridades indígenas por su participación en las movilizaciones pacíficas de 2023 atenta contra el Estado democrático de derecho y profundiza en la crisis institucional por la que el país atraviesa.
Enfatizó que los derechos a la protesta y a la reunión pacífica son pilares fundamentales para «una gobernanza democrática», haciendo hincapié en que el uso abusivo del derecho penal contra líderes indígenas produce un efecto intimidatorio.
La CIDH hace un llamado a realizar una evaluación independiente sobre el actuar del MP y a garantizar mecanismos de rendición de cuentas de su titular, así también instando al Congreso de la República a ejercer su rol de contrapeso democrático.
«La CIDH vuelve a exhortar a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República a asegurar que cumpla su función constitucional como contrapeso democrático frente al ejercicio arbitrario de la persecución penal».
Si caso (Pacheco-Chaclán) avanza como terrorismo, «sienta un precedente grave», asegura Edgar Ortiz
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