Luego de la captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, la organización Migrantes por Guatemala ha catalogado como una técnica recurrente del Ministerio Público (MP), para «perseguir y silenciar a quienes se oponen» al colocar el caso de ambos bajo reserva.
De acuerdo a un comunicado emitido por la organización, el MP y «sus aliados» estarían realizando un nuevo ataque hacia la democracia guatemalteca, debilitando e invalidando las elecciones a la Presidencia que ganó Bernardo Arévalo.
«Bajo la dirección de Consuelo Porras, el MP ha criminalizado a jueces, fiscales, periodistas y líderes sociales que representan una amenaza para quienes se aferran al poder por medios ilegítimos», expresa el comunicado.
📢 Comunicado importante
Ante las recientes detenciones de los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Migrantes por Guatemala rechaza enérgicamente las acciones del ministerio público. #48cantones #mpguatemala @eP_investiga @PrensaComunitar @PlazaPublicaGT @Factor4_GT pic.twitter.com/yX1NbG39u0— Migrantes Por Guatemala (@MigrantesPorGT) April 25, 2025
Así también, indica que este es un mensaje por parte del conocido «pacto de corruptos» hacia los líderes de los movimientos que defendieron la democracia en 2023, «callen o serán criminalizados».
LA CAPTURA DE EXLÍDERES DE 48 CANTONES
La captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ambos exlíderes de la organización 48 Cantones, son sindicados por el MP, junto a otras 3 personas, por delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.
Aunque no es claro al argumentar que el caso sigue en reserva, los implicados en este caso son buscados por su papel de liderazgo en las protestas y bloqueos de 2023 contra el intento de golpe de Estado fraguado desde el MP a cargo de María Consuelo Porras, al cual se unieron miles de ciudadanos guatemaltecos, señala.
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A pesar de ello, el mismo MP ha asegurado que el caso surgió a raíz de una denuncia por hechos violentos que, para el ente investigador, alteraron la seguridad y el orden constitucional del país, afirmando que no se trata de una persecución hacia ningún grupo social o político.
«No se está criminalizando a ningún grupo específico ni el derecho a la libre expresión», recalcó el fiscal contra el Crimen Organizado, Klayber Sical y añadió que las órdenes de aprehensión fueron giradas por un juez de garantías, quien validó las pruebas presentadas por la fiscalía.
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