Como parte de su informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Departamento de Estado de EE.UU., ha recalcado la forma en que en Guatemala se han paralizado o desestimado investigaciones en un informe anual, elaborado en el 2024 y presentado este año.
Entre los aparentes entes que estos han paralizado dichos casos de corrupción, principalmente enfocados en lavado de dinero, se hacen presentes el Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, así como el Congreso de la República.
Por el lado del MP, destaca los informes entregados por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), siendo un aproximado de 200 al año, para su investigación, mismos que solo el 5% al 10% resultan en investigaciones adicionales realizadas por el ente.
Según el documento, el proceso de presentar los informes y espera a realizar la investigación a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, mismo que «crea un cuello de botella que ralentiza el proceso de remisión para su revisión y procesamiento».
En temas de legislación para combatir este tipo de delitos, el Departamento de Estado expresa que el Congreso ha dejado en el estancamiento la modernización de la ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Misma que desde el 2020 habría sido presentada y ha permanecido en revisión constante por parte de las comisiones correspondientes dentro del legislativo, mismo que no ha presentado un avance significativo en este proceso.
VULNERABILIDAD Y REGULACIONES
El documento hace hincapié en el papel que juega Guatemala como un punto estratégicamente importante para las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
En este se detalla como los «actores criminales», realizan dichas acciones por medio de la compra de activos, la inversión en el sector inmobiliario, la construcción, criptomonedas, así como la creación de puestos fantasmas.
Según el Departamento de Estado, entre ellas la más vulnerable al no ser fiscalizada de manera efectiva es la compra y venta de ganadería, así como el traslado de activos e ilícitos por medio de la libre circulación de ciudadanos a través de las fronteras compartidas.
Por otro lado, el documento aclara que aunque en el país cuenta con la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (LAML), esta misma es ineficiente al ser aplicada en diversas entidades de los sectores financiero, comercial y de servicios.
Mismas entidades que suelen ser las más vulneradas a la actividad de lavado de dinero, como lo pueden ser los entes bancarios, al no poder regular ciertas transacciones en los movimientos de activos ganaderos, como fue antes mencionado.
«Persisten importantes deficiencias técnicas de cumplimiento y eficacia en los sistemas ALA/CFT de Guatemala, incluyendo una legislación ALA obsoleta que no aborda adecuadamente las deficiencias en la identificación de la propiedad de las entidades involucradas en transacciones sospechosas, y una regulación inadecuada de ciertas empresas y profesiones no financieras designadas», expresa el Documento.
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