El accidente de un bus extraurbano ocurrido el pasado 31 de marzo en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador expuso una falla en el sistema de control del transporte de pasajeros: la unidad circulaba con un certificado de funcionalidad física y mecánica con información que no coincidía con su estado real, confirmó la Dirección General de Transportes (DGT).
La irregularidad fue detectada tras la inspección realizada en el lugar del percance, en jurisdicción de Villa Canales. Aunque el vehículo contaba con licencia, tarjeta de operación y seguro vigentes, el documento que debía garantizar sus condiciones mecánicas presentaba inconsistencias.
El director de la DGT, Mynor González, aclaró que no se trató de un documento falsificado en su forma, sino de un certificado emitido con «información no verídica», lo que abre la puerta a acciones legales contra el taller que lo extendió y la empresa transportista.
«Por haber extendido un documento con información que no correspondía al estado real de la unidad, el taller que figura en la certificación podría haber incurrido en un delito de falsedad ideológica y falsedad material», dijo el funcionario.
Además, explicó que «sobre esa presunción de la comisión de un ilícito, es que se estarían tomando las medidas legales correspondientes». Esto alcanzaría también a la empresa a la cual pertenece el bus.
Bus accidentado en ruta a El Salvador operaba con certificado mecánico falso
UN CONTROL EN MANOS DE TERCEROS
La certificación de funcionalidad física y mecánica en los autobuses es un requisito que surgió a partir del Acuerdo Gubernativo 140-2025, con el cual se modificó el Reglamento para la Prestación de Servicio Público de Transporte.
El cambio más relevante fue que eliminó la restricción para que unidades con más de 25 años de antigüedad estuvieran en circulación. En su lugar, el modelo actual permite que vehículos antiguos operen, siempre que acrediten estar en buen estado mediante este certificado.
El documento debe ser emitido por talleres mecánicos registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como garantía de que fueron revisados. En la normativa vigente, no se contempla ningún otro mecanismo para asegurar el estado de los vehículos, basta la certificación.
De acuerdo con la DGT regla de la antigüedad de 25 años de los buses era «inoperante»
Ahora bien, aunque este registro permite identificar responsables, no evita que se emitan documentos con datos alterados, tal como se evidenció con el citado accidente. En este caso, el certificado avalaba condiciones que no correspondían con el estado real del bus.
De hecho, fotografías que circularon el día del percance evidenciaron que el vehículo tenía piezas que se sujetaban con lazos. El hecho dejó 27 personas lesionadas, incluidos dos niños.
Hasta ahora, según el entrevistado, no se ha detectado ningún otro documento de este tipo que haya sido alterado. No obstante, también hizo ver que la base de datos sobre el tema aún está en construcción.
UN REQUISITO QUE NO SE CUMPLE Y NO HAY CONSECUENCIAS
El plazo para que los más de 21 mil autobuses registrados cuenten con la certificación de funcionalidad venció en febrero pasado; sin embargo, González reconoció que ni la mitad de las unidades ha presentado el documento ante la DGT.
Asimismo, confirmó que no hay una sanción establecida para las empresas que incumplan con el requisito, pero remarcó que «los porteadores tienen la obligación de mantener las unidades en estado óptimo de funcionamiento».
«Si en algún momento, Dios no lo quiera, ocurre un accidente y el bus no cuenta
con el certificado de funcionalidad, eso sería un agravante en cuanto a la deducción de
responsabilidades civiles y penales en contra del propietario del bus. Esto, porque estarían
cumpliendo con una obligación legal», justificó el funcionario.
DGT sanciona a bus accidentado en Carretera a El Salvador por no tener limitador de velocidad
UNIDADES TAMPOCO INSTALAN LIMITADOR DE VELOCIDAD
El citado caso también volvió a poner en el foco el incumplimiento de otro requisito legal para el transporte extraurbano: el sistema limitador de velocidad.
La implementación de ese mecanismo, que impediría que las unidades superen los 80 kilómetros por hora, es obligatoria desde principios de marzo, pero hasta ahora solo 1 mil 537 han reportado tenerlo activo, de acuerdo con la información oficial. Esto quiere decir que el cumplimiento es solo del 7%.
El autobús que se accidentó en la carretera a El Salvador está entre quienes no han aplicado la norma. Por ello, se le impuso una multa de Q20 mil.
