El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) convocó a una sesión extraordinaria para este lunes 23 de marzo. ¿El objetivo? Conocer la renuncia tardía de José Luis Aguirre Pumay como director del Centro Universitario de Santa Rosa. Sin embargo, el movimiento administrativo llega con un vicio de origen: el plazo legal de 15 días para abandonar cargos incompatibles ya expiró, lo que, según la ley, equivale a una renuncia tácita al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Lo mismo ocurre con la designación para titular ante la CC, pues la jueza Julia Rivera está en la misma situación, es decir, tampoco ella cesó en su cargo en el plazo que manda la ley.
Aunque se esperaba que el tema a abordar estuviera relacionado con el proceso para elegir al rector de esa casa de estudios por el período 2026-2030, el asunto que reunirá a los consejeros y a Walter Mazariegos tiene que ver con el vencimiento de un plazo legal.
La CC ha recibido un amparo que busca evitar que el Congreso de la República juramente a los magistrados electos por el CSU, debido a que ejercen cargos que son incompatibles con su designación.
El foco de la controversia es el Artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La ley es tajante: los designados tienen 15 días para cesar en cargos incompatibles. De lo contrario, la ley dicta una sentencia automática: «Se entenderá que no acepta el cargo».
La designación tanto de Julia Rivera como magistrada titular, como Aguirre Pumay ocurrió el 16 de febrero, el pazo fatal para renunciar a sus funciones actuales, incompatibles con su nuevo cargo, venció a principios de marzo (ya sean días hábiles o calendario).
Ambos siguieron ejerciendo sus cargos: él en el mencionado centro universitario y ella en el Juzgado de Primera Instancia Penal en Amatitlán, ignorando el plazo perentorio.
LO QUE DICE LA LEY
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece en su artículo 160, que, después de haber sido designados, los magistrados de la CC tienen un plazo de 15 días para renunciar al puesto que ocupasen o se entendería que rechazan el nombramiento. No obstante, ninguno de ellos ha cumplido con ese procedimiento, hasta ahora.
«Cuando alguna persona designada para ocupar una Magistratura tuviere causa de incompatibilidad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de quince días siguientes a la designación, se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado a la Corte de Constitucionalidad«, dice el artículo 160 de la normativa.
Ya sea que se trate de 15 días hábiles o calendario, ese plazo ya estaría vencido, lo cual imposibilitaría a Rivera y Aguirre Pumay a asumir como magistrados de la CC.
Con su convocatoria a sesión extraordinaria, el CSU confirma que el profesional a quien designó como magistrado suplente ha seguido en funciones en una de las dependencias de la Usac. Según se lee en el documento, su renuncia se haría efectiva este mismo lunes.
EL NUEVO AMPARO EN LA CC
La situación de los dos magistrados electos por el CSU propició una acción de amparo con la cual se busca impedir que ambos sean juramentados por el Congreso y tomen posesión en la alta corte en abril próximo.
La CC recibió este domingo la acción legal, la cual quedó registrada con el número de expediente 2628-2026. Ahí se solicita a los actuales magistrados ordenar al Legislativo que no lleve a cabo el acto de juramentación, ya que ambos siguen en los cargos que tenían antes de ser electos por el CSU y no respetaron los plazos legales para su renuncia.
En el memorial que deberá ser conocido por el pleno de la CC, se menciona que si estos profesionales asumen, se violaría el principio de seguridad jurídica y certeza del derecho, establecido en la Constitución Política de la República.
«La juramentación de una magistrada, pese a que no cesó en un cargo incompatible dentro del plazo legal previsto, vulnera la certeza y estabilidad que el Estado debe garantizar en el ejercicio de sus funciones», reza el amparo, y añade que también contraviene los preceptos que rigen la integración del tribunal constitucional.
UNA ELECCIÓN RODEADA DE CONTROVERSIAS
La designación de magistrados de la CC por el Consejo Superior Universitario ha estado bajo fuertes cuestionamientos. Contra los profesionales electos pesan señalamientos de posibles irregularidades.
El caso más grave recae sobre la magistrada titular electa, Julia Rivera Aguilar, señalada de haber acreditado experiencia docente con una certificación que no tiene respaldo en los registros financieros de la universidad. A esto se suma la omisión de una sanción disciplinaria en su declaración jurada, lo que podría implicar responsabilidades penales.
Una denuncia por estos hechos también involucra al rector Walter Mazariegos —quien presidió la elección— y al secretario general Luis Fernando Cordón, exesposo de Rivera, por no haberse excusado pese a posibles conflictos de interés y por avalar el proceso.
Escándalo en la Usac: Julia Rivera habría usado documentos fraudulentos en su designación a la CC
En cuanto al magistrado suplente electo, José Luis Aguirre Pumay, hay informes que advierten inconsistencias entre su trayectoria académica y las certificaciones presentadas, además de la necesidad de verificar la compatibilidad de cargos que ha ocupado.
El proceso de elección también fue objeto de críticas: se realizó el pasado 16 de febrero en una sesión extraordinaria con restricciones a la prensa, denuncias de bloqueo de señal telefónica y protestas en el exterior. A esto se suma que más del 60% de los consejeros tiene el mandato vencido.
Tales hechos propiciaron impugnaciones directas ante el CSU, pero fueron desestimadas. Además, hay múltiples amparos a la espera de ser resueltos en la CC.
