Las denuncias por clonación y uso ilegal de tarjetas de crédito y débito superan actualmente las 300 al mes, según registros del Ministerio Público (MP).
Desde septiembre de 2024, cuando entró en vigencia la Ley de Tarjetas de Crédito, se reportaban entre 100 y 200 denuncias mensuales, pero se marcó un incremento a partir de octubre de 2025, pues se empezaron a duplicar los niveles iniciales, informó el ente investigador.
Los casos de este tipo son trasladado a las Fiscalía contra el el Crimen Organizado, la cual se encarga de las averiguaciones respectivas.
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AUMENTA CLONACIÓN DE TARJEAS SIN CHIP
De acuerdo con el MP, entre los delitos más denunciados destaca la clonación de tarjetas de crédito sin chip, una modalidad común en plásticos emitidos por comercios, mientras que en tarjetas emitidas por entidades financieras, predomina el uso ilegal, que incluye la utilización de tarjetas o medios de pago electrónicos que han sido copiados, alterados o falsificados.
Las pesquisas también identifican nuevas formas de fraude digital que afectan a los tarjetahabientes, y entre las más recurrentes figuran:
- Creación de páginas web falsas que simulan portales oficiales de bancos o emisores
- Uso de códigos QR fraudulentos para capturar información
- Obtención de datos personales y financieros mediante engaños
A esto se suman casos en los que los usuarios comparten información sensible —como el código de seguridad (CVV)— al momento de realizar pagos por compras en línea, según la Fiscalía.
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FOCOS DE ALERTA
La entidad señaló como un foco de alerta «algunas debilidades en los controles durante las transacciones», y resaltó que «en muchos comercios no se solicita identificación al momento de pagar con tarjeta, lo que facilita el empleo del plástico aunque esté a nombre de otra persona».
Otra de las «fallas» identificadas por el MP es la falta de verificación en compras realizadas en el extranjero.
«Muchas veces los afectados por fraudes dicen que ellos no han viajado a los lugares donde se hacen las compras, pero resulta que no es necesario viajar ya que con solo obtener sus datos, número de tarjeta y CVV puede hacer compras en cualquier parte del mundo. Este es un extremo que los comercios no verifican y los emisores no aplican la normativa que si alguien usará su plástico fuera del país deberá informar antes al emisor», explicó la Fiscalía.
La dependencia advirtió, además, que en el caso de los enlaces fraudulentos, pueden ser creados desde cualquier parte del mundo, utilizando identidades falsas, «lo que dificulta su rastreo».
SIN ESTRUCTURAS DEFINIDAS
Aunque hasta ahora no se han identificado estructuras criminales consolidadas dedicadas exclusivamente a estos delitos, el MP indica que sí existen investigaciones contra personas individuales. Algunos casos ya han derivado en procesos penales, principalmente por haber dejado rastros, como facturación a nombre de sospechosos.
«Hay investigaciones a personas individuales e incluso ya se tienen a personas ligadas a proceso, ya sea porque dejaron algunos indicios de participación o porque se ha facturado a nombre de alguien identificable», mencionó.
El Ministerio Público también hizo ver que trabaja en coordinación con entidades emisoras y con la División de Análisis Criminal (DAC) para abordar el fenómeno. «Como resultado, algunas instituciones han fortalecido sus sistemas de seguridad», afirmó.
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LEY TIPIFICÓ NUEVOS DELITOS
La Ley de Tarjetas de Crédito está vigente en el país desde el 1 de septiembre de 2024 y con ello se modificó también el Código Penal, ya que se incluyeron delitos contra los tarjetahabientes.
Diputados que apoyaron la creación de esa normativa indicaron que el objetivo es castigar prácticas comunes que atentan contra el patrimonio de los usuarios del dinero plástico.
Las actividades que desde entonces tienen multas y penas de cárcel incluyen las siguientes:
1. Clonación, que es la sustracción, copia, reproducción, grabación o alteración de la información contenida en la banda magnética o medio de identificación que posesa una tarjeta de crédito o débito. Para este delito se impuso una sanción de entre 6 y 10 años de prisión y multa de hasta Q500 mil.
2. Uso ilegal, que se le atribuiría a una persona que utilice una tarjeta clonada, ya sea de crédito o débito. La pena para ese acto va de 5 a 8 años de cárcel y multa que podría llegar a los Q150 mil.
3. Uso fraudulento, se incluyó en el Artículo 327 E del Código Penal, donde se estipulan sanciones de hasta 5 años de prisión y multa de Q50 mil para quienes usen un medio de pago que haya sido robado, hurtado o extraviado.
En la Ley también se contemplan sanciones para los delitos anteriores cuando sean cometidos por un empleado bancario u operador de la tarjeta, así como una persona de confianza del dueño de esta. De ocurrir, las sanciones aumentarían en dos terceras partes, reza la norma.
