El Congreso de la República tenía previsto aprobar en primera lectura la iniciativa 6593, con la cual se busca dar vida a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una normativa que plantea actualizar el marco legal del país y fortalecer la prevención, detección y sanción de estos delitos.
Aunque diputados de la mayoría de bancadas han externado su apoyo a la norma, el tema no se trató durante la sesión de ayer, debido a los retrasos que propició la búsqueda de acuerdos para designar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el período 2026-2032. De esa cuenta, el proyecto de ley deberá seguir a la espera de ser discutido en el pleno.
La iniciativa fue remitida por el Ejecutivo al Congreso el 2 de septiembre de 2025 y cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Economía y Comercio Exterior y Finanzas Públicas y Moneda. Para poder avanzar en primera lectura, los diputados deben conocer ambas opiniones y decidir cuál de ellas se toma en cuenta para el resto del proceso.
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REFORMA INTEGRAL
El proyecto impulsado por el Gobierno pretende unificar en una sola legislación todo lo relacionado con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en línea con estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De esa cuenta, contempla sanciones elevadas en dólares para quienes incurran en esos actos ilícitos y también incluye reformas a diversas normas vigentes, entre ellas:
- Código de Comercio
- Ley contra la Delincuencia Organizada
- Ley que regula los servicios de Seguridad Privada
- Código de Notariado
Según sus promotores, la normativa representa una actualización profunda del sistema preventivo y sancionatorio, ya que la legislación vigente tiene más de 25 años de antigüedad.
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Entre los principales cambios que introduciría la ley destacan:
- Supervisión basada en riesgo
- Inclusión de sectores de alta vulnerabilidad, como notarios y proveedores de activos virtuales
- Transparencia sobre el beneficiario final de las empresas
- Régimen sancionatorio proporcional
- Actualización de los tipos penales
- Implementación de mecanismos para aplicar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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PARA NO ENTRAR A LA LISTA GRIS
La Superintendencia de Bancos (SIB) ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de actualizar la legislación antilavado para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Según la SIB, formar parte de esa lista enviaría una señal negativa a la comunidad internacional y podría generar restricciones crediticias, pérdida de reputación, mayores costos financieros, menor competitividad e impactos económicos en empleo e inflación.
Saulo De León, jefe de la Superintendencia, junto con el titular de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Juan Carlos Monroy, señalaron recientemente que el país se prepara para una evaluación internacional a cargo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La misión de evaluación está prevista para febrero de 2027, cuando expertos revisarán el marco legal vigente y la forma en que el país previene, detecta y sanciona estos delitos.
Las autoridades han subrayado que esta evaluación no se realiza a una institución en particular, sino al Estado de Guatemala en su conjunto, por lo que insistieron en la necesidad de contar con un marco legal moderno y alineado con estándares internacionales.
SAT RESPALDA NORMATIVA
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también ha expresado su respaldo a la iniciativa al considerar que contribuirá a combatir la evasión tributaria y reducir espacios para la corrupción.
En un comunicado, la entidad señaló que el lavado de dinero —especialmente mediante operaciones comerciales ficticias, como la sobrefacturación en importaciones o el uso de empresas para justificar evasión y elusión fiscal— distorsiona la competencia y erosiona la base tributaria del país.
La institución, dirigida por Werner Ovalle, indicó que la normativa fortalecerá los mecanismos de prevención y permitirá avanzar en la modernización institucional mediante la coordinación interinstitucional.
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