La elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 no fue producto del azar, sino de intensas negociaciones que culminaron en un acuerdo político para repartir las magistraturas titulares entre los bloques legislativos.
De acuerdo con diputados que participaron en las negociaciones, durante el proceso se conformaron dos mesas multipartidarias que buscaron consolidar apoyos para los aspirantes.
La diferencia numérica entre las mesas fue el factor determinante para asignar las «cuotas» de poder. Tras horas de discusión, se estableció que el grupo mayoritario designaría a tres magistrados titulares, mientras que la minoría tendría derecho a dos.
La primera mesa, de más o menos 90 votos, fue liderada por las facciones oficialistas (Raíces y Semilla), junto a Cabal, Visión con Valores (Viva), Victoria y bloques aliados.
La segunda contaba con unos 70 votos. Esta estuvo integrada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unionista, Valor, Todos, Vamos (facción de Allan Rodríguez) y Nosotros.
El objetivo declarado de esta división era evitar que la elección se estancara, buscando un frente común que permitiera una votación fluida en el pleno. Se quería “lograr que finalmente todo el Congreso votara en conjunto y evitar que la elección se estancara”, aseguró una fuente.
Elección TSE: cercanos a Porras, a Mazariegos y otros que no lograron ser electos como magistrados
LOS CINCO NOMBRES DEL CONSENSO
Bajo ese esquema se definieron los cinco nombres que finalmente fueron sometidos a votación en el pleno.
Del lado del bloque con menor número de votos se impulsaron dos perfiles. Uno de ellos fue Roberto Estuardo Morales Gómez, quien momentos previos a la elección se conoció era impulsado por la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres.
El otro nombre promovido por ese sector fue Karin Virginia Romero Figueroa, una candidata que, según diputados consultados, generaba menos cuestionamientos y logró consenso entre varias bancadas.
#AhoraLH | Roberto Morales, magistrado de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, logra 130 votos para magistrado titular del TSE, mismo que era respaldado por la UNE.
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Por su parte, el bloque mayoritario promovió tres perfiles, que también terminaron siendo aceptados por el resto de congresistas para completar la lista de cinco magistrados titulares. Se trata de Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta y Mario Alexander Velásquez Pérez.
Este último, quien actualmente se desempeña como secretario general del TSE, fue bautizado como “el candidato bisagra”, porque según varios legisladores, goza de la simpatía de los dos grupos que estaban en contienda en esta elección.
EL DESPACHO, EL EPICENTRO DE LA NEGOCIACIÓN
Las negociaciones más intensas se concentraron en la elección de los magistrados titulares, que son quienes dirigirán el TSE durante los próximos seis años. Las discusiones en torno a quiénes debían ser designados fueron las que retrasaron la sesión plenaria.
La demora en la sesión del martes 10 de marzo se debió a una premisa básica entre quienes lideraron la negociación: «primero se aseguran los votos, luego se discuten los nombres».
Durante horas, el despacho de la Presidencia legislativa, con la mediación de Luis Contreras, fue un desfile de jefes de bloque y dirigentes de facciones, que evaluaban la viabilidad de sus candidatos. “No fue fácil”, aseguró otra fuente a La Hora.
#AhoraLH | Diputados han ingresado a la oficina de Presidencia, entre ellos Teresita de León de la UNE hace una hora. En estos momentos ingresó Luis Aguirre de Cabal, ausente en la última sesión.
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SUPLENTES: ELECCIÓN POR DESCARTE
A diferencia de los titulares, la elección de suplentes careció de tensión. La razón fue pragmática: muchos profesionales en la nómina final eran jueces o magistrados de sala que no estaban dispuestos a abandonar sus cargos actuales por una suplencia.
«Quedaron cinco exactos que no tenían magistraturas ni eran jueces; a esos se eligió», confesó un jefe de bloque. Así, la lista se completó con:
- Juan Francisco Soto Santos
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Francisco Javier Puac Choz
- Alfredo Skinner-Klée Arenales
Pese a los cuestionamientos y objeciones contra los tres primeros, los diputados argumentaron que sus historiales no fueron factor de exclusión, limitándose a señalar que ya habían sido evaluados por la Comisión Postuladora.
A Soto Santos se le vincula con el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos y actualmente se desempeña como catedrático en la Facultad de Derecho. Flores fue director del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mientras que a Pineda se le mencionó en el caso Comisiones Paralelas 2020.
#LHNacionales | El Congreso eligió a los cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032 que se suman a los titulares y serán los encargados de dirigir las próximas dos elecciones generales. pic.twitter.com/x1rA1h4wOd
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EL MINUTO Y MEDIO
La efectividad del acuerdo quedó demostrada en la rapidez de la plenaria. Una vez que las mesas multipartidarias entregaron los listados a sus diputados, cada votación se realizó en apenas 90 segundos.
Sin debates, sin objeciones y sin razonamientos de voto en contra, el Congreso cerró uno de los capítulos más trascendentales para la democracia del país en tiempo récord.
#AhoraLH | Diputados se reúnen con sus bancadas, donde discuten lo que fue alcanzado con las negociaciones para magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
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Analistas consultados para otras notas de La Hora se han referido a que la importancia de esta nueva magistratura (2026-2032) radica en que tendrá la responsabilidad de arbitrar las elecciones generales de 2027, un proceso que se vislumbra bajo la sombra de la crisis de 2023.
Afirman que tras los intentos de judicialización y las presiones del Ministerio Público que pusieron en jaque la toma de posesión de Bernardo Arévalo, el nuevo TSE no solo deberá gestionar la logística electoral, sino actuar como el último muro de contención frente a la instrumentalización de la justicia penal en la política.
