«Si está interesado, queréllese en las denuncias, para poder tener más información», respondió la fiscal general, Consuelo Porras, tras ser consultada por un periodista de La Hora sobre tres denuncias y una ampliación que hizo la Intendencia de Verificación Especial (IVE) contra un grupo de empresas que, según su análisis, pudo incurrir en estratificación de fondos públicos, durante el período 2021-2024, cuando Alejandro Giammattei gobernaba el país.
Con evidente molestia, la jefa del Ministerio Público (MP) evadió el tema, sin dar oportunidad a que se plantearan más preguntas sobre el nuevo caso que involucra a la sociedad anónima La Botica, que ha sido vinculada con Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.
Resguardada por al menos 15 agentes de su equipo de seguridad, Porras no quiso detenerse para atender los cuestionamientos sobre el caso que, de acuerdo con las denuncias presentadas por la Intendencia, tendría relación con millonarias sumas de dinero que procedieron de contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y terminaron, en parte, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
#AhoraLH | La fiscal general, María Consuelo Porras, evitó responder por qué el MP no ha avanzado en la investigación de tres denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial, que advierten sobre una posible estratificación de fondos vinculados a la farmacéutica… pic.twitter.com/T0sKDemSbP
— Diario La Hora (@lahoragt) February 12, 2026
NO NIEGA CONOCER LAS DENUNCIAS
Aunque solo indicó que hay que «querellarse» para obtener información, con sus declaraciones la fiscal general reconoció que el Ministerio Público (MP) tiene en su poder las denuncias de la IVE. Lo que no dijo es por qué no han iniciado las investigaciones solicitadas por la entidad.
Hasta ahora, no se conocía de este caso, pues el MP no informó de él, a pesar de que implica a siete sociedades que habrían hecho transacciones con dinero público, principalmente producto de negocios entre el IGSS y La Botica, según el rastreo efectuado por la Intendencia de Verificación Especial.
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MP HA TENIDO MÁS DE DOS AÑOS PARA INVESTIGAR
De acuerdo con fuentes internas del MP, la primera de las denuncias interpuestas por la IVE data de diciembre de 2023, es decir, hace más de dos años.
En ese entonces, se remitió un extenso memorial al despacho de la fiscal general y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, donde se evidencia la vinculación entre La Botica y otras firmas a las que transfirió diversos montos, tras obtener adjudicaciones, en su mayoría, del IGSS. Entre las empresas figuran Grupo Rochester, Vivendi, Medicamentos Avanzados e Importadora y Comercializadora RR, por mencionar las más destacadas.
Varias de las compañías comparten socios fundadores, representante legal o beneficiarios finales, quienes, incluso, tienen nexos familiares, según lo expuesto por la Intendencia a la Fiscalía.
Sin embargo, el caso se extendió y requirió la presentación de dos denuncias más y una ampliación en los años posteriores. La acción que se planteó más recientemente solicitando la investigación de posibles delitos tiene fecha del 29 de enero de este año, y todas están debidamente registradas en el MP, confirmaron las fuentes.
LAS TRANSFERENCIAS A DUBÁI
Entre los aspectos destacados en una de las denuncias remitidas por la IVE al despacho de Consuelo Porras y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos figura la manera en que dl dinero procedente de contratos con el IGSS se movió entre cuentas de las empresas mencionadas y se usó para comprar tres apartamentos en Dubái.
La denuncia se presentó el 26 de junio de 2024, y en ella se reconstruyó el recorrido de Q421.2 millones, entre mayo de 2023 y abril de 2024. Cuatro de las cuentas analizadas por la Intendencia enviaron Q75.4 millones a Emiratos Árabes Unidos para adquirir los citados inmuebles, los cuales quedaron registrados a nombre de Ronal Estuardo Gaitán Wellman, socio fundador de dos de las empresas indagadas por la IVE.
El dinero que se usó para las transacciones dejó un rastro que fue identificado por la Intendencia, ya que pasó por distintas cuentas, tras ser pagado por el IGSS, producto de adjudicaciones por medicamentos, principalmente, de acuerdo con la investigación.
En uno de los casos descritos en la denuncia de la IVE, el Seguro Social pagó Q30.2 millones a La Botica, que a su vez trasladó Q23.6 millones a Vivendi. De ese dinero, Q16.5 millones llegaron a Medicamentos Avanzados, empresa que recibió Q9.5 millones más, por otro contrato con el IGSS.
En total, esta última empresa transfirió a Dubái Q21.4 millones, que habrían salido de esos movimientos, para financiar la compra de un apartamento.
En su argumentación al MP, la Intendencia de Verificación Especial sostiene que los patrones financieros descubiertos entre las firmas son compatibles con conductas de “estratificación” y con el uso de recursos públicos para fines privados. Sin embargo, no se conoce sobre el inicio de una investigación al respecto por parte de la Fiscalía.
EL APARTAMENTO QUE NO SE PUDO COMPRAR
Otro de los hechos que la IVE puso de conocimiento del MP corresponde al intento por pagar un cuarto apartamento en Dubái por parte de Medicamentos Avanzados, una de las sociedades anónimas que ya se había denunciado. De acuerdo con lo indagado por la Intendencia, esa compra fue detenida por una entidad bancaria guatemalteca.
En diciembre de 2024, la citada firma intentó enviar Q16.6 millones a Dubái para pagar un apartamento en el Burj Khalifa, a favor de Metropolitan Conveyancing LTD. No obstante, la operación fue bloqueada por el banco al no justificarse satisfactoriamente el origen, destino y propósito de los fondos, se indica en el memorial que llegó a la Fiscalía.
Ahí también se hace ver que, para concretar ese pago, la empresa había recibido previamente Q18 millones de otra cuenta a su nombre (constituida en otro banco del sistema). Según la IVE, esto sugiere que el dinero fue movilizado específicamente para esa transacción, porque la cuenta que pagaría por el apartamento no tenía fondos suficientes.
De nuevo, en ese expediente, la Intendencia reitera la petición para que el MP «inicie la investigación correspondiente de los hechos denunciados, para que, si determina la existencia de elementos que lo hagan procedente, solicite la judicialización del caso», pero no se conocen avances.
TRANSFERENCIAS HACIA EE. UU.
Además, la institución detectó tres envíos a Estados Unidos que suman Q7.1 millones y tenían el concepto de “abono para compra de apartamento”, pero destaca que no pudo determinar el destino final del dinero.
Tal información se obtuvo al analizar transacciones realizadas entre enero de 2020 y febrero de 2024, período en el cual cuatro cuentas realizaron 15 transferencias internacionales por Q11.9 millones y USD200 mil, no solo hacia EE. UU., sino también a México, Canadá, India y Emiratos Árabes Unidos, detalla el memorial.
Consuelo Porras evade explicar denuncias de la IVE sobre La Botica y responde: “Queréllese”
ANALISTA SEÑALA PATRÓN DE IMPUNIDAD EN EL MP
Eddie Cux, consultor en temas de transparencia para Acción Ciudadana y otras organizaciones sociales, opinó sobre el caso, y consideró que «refleja patrones de impunidad institucional».
A su juicio, la falta de avances visibles en las denuncias planteadas por la IVE “evidencia entramados de gran corrupción y posible lavado de dinero que quedan en la impunidad por una función lejos de la ley”; asimismo, sostuvo que «la fiscal general se ha convertido en el actor principal de la impunidad que hay en el país en casos de corrupción”.
Desde la óptica de transparencia, dijo Cux, «el Ministerio Público se ha caracterizado por aplicar la ley de forma selectiva, recordando ese aforismo de ´para mis amigos todo, para mis enemigos la ley´». En ese sentido, recordó que en el pasado Giammattei se refirió a Consuelo Porras como su amiga.
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«Este caso que se plantea por parte de la IVE, con tres comunicaciones (denuncias) de posible lavado de dinero, implica realmente cómo funcionaba el gobierno pasado de Alejandro Giammattei y de sus vínculos cercanos, las empresas cercanas a su círculo, y cómo, de alguna forma, existe y persiste ese entramado de impunidad y corrupción entre una fiscal general que no actúa cuando se dan estos casos tan evidentes y tan complejos», expresó el entrevistado.
También se refirió a la respuesta que dio Porras cuando fue cuestionada por el avance de las denuncias interpuestas por la Intendencia, y remarcó que al pedir «querellarse para poder tener más información», la fiscal general «está evadiendo su responsabilidad constitucional y legal”.
“El Ministerio Público tiene el deber de avanzar con las investigaciones y también el deber informar en casos de gran trascendencia”, afirmó Cux, y apeló al principio de publicidad en materia penal.
PREOCUPACIÓN POR ASPIRACIONES DE CONSUELO PORRAS
El experto en Transparencia también externó preocupación por las aspiraciones de la jefa del MP a otros cargos de alto nivel, como una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, para la cual ya se postuló ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Casos como los denunciados por la IVE “hacen evidente que tiene que cambiar el sistema del Ministerio Público y el sistema de los casos de lavado de dinero”, remarcó.
