La propuesta de ampliación con la cual el Ejecutivo busca que el presupuesto nacional llegue a Q164,163.32 millones introducen ajustes para salvar obstáculos legales específicos, pero mantiene falencias técnicas en la asignación y planificación del gasto público, según un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Aunque el Gobierno sostiene que el aumento de recursos permitirá priorizar obras y ordenar el presupuesto vigente, el analista Jorge Lavarreda considera que el proyecto consolida decisiones adoptadas durante la discusión legislativa del presupuesto original, reproduce asignaciones sin sustento técnico y responde, en buena medida, a acuerdos políticos que desplazan el criterio de planificación.
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APORTE A CODEDES SIN RESPALDO TÉCNICO
Uno de los aspectos más cuestionados en la propuesta que ahora está en manos del Congreso vuelve a ser el aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Lavarreda advirtió que el Ejecutivo «no solo dejó de corregir los errores señalados» en el plan de gastos que quedó suspendido por decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), sino que ahora asigna recursos adicionales a los Codedes que no responden a lo que pidió originalmente.
Según el analista, la ampliación no retoma criterios de la propuesta inicial -que otorgaba Q5,500 millones a los Consejos-, sino que valida la versión ya modificada por el Congreso, que les brindó Q6 mil 312.1 millones. Esto, a pesar de que su ejecución en 2024 y 2025 «ha sido una de las más deficientes, tanto en términos de calidad como de impacto de las obras».
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PROYECTOS NUEVOS, PERO SIN REGISTROS
La iniciativa de ampliación presupuestaria también incorpora obras de infraestructura que no formaban parte de la propuesta original del Ejecutivo, pero que fueron introducidos en el Congreso durante las discusiones por el Presupuesto General de la Nación para este año.
Algunos de estos proyectos no cuentan con código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que implica que no han sido evaluados técnicamente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), alertó el experto del CIEN.
El listado al que hizo referencia contiene la construcción de pasos a desnivel y puentes vehiculares, así como el mejoramiento de diversas carreteras, por mencionar algunos. Sin embargo, al no haberse planificado adecuadamente, abrirían la puerta a retrasos, sobrecostos e incumplimientos, manifestó.
NO SE USARÍAN RESERVAS MONETARIAS
El único aspecto positivo que mencionó Lavarreda fue la corrección en la fuente de financiamiento para la participación de Guatemala en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
La propuesta incorpora una norma complementaria que autoriza formalmente al Estado a participar como accionista de capital ordinario tipo “C” del CAF, mediante la adquisición de 2,817 acciones con un valor total de 40 millones de dólares, pagaderos en hasta cuatro cuotas anuales. Es decir que se eliminó el apartado en el cual se autorizaba el uso de reservas monetarias para cubrir ese rubro.
Para el representante del CIEN, este ajuste elimina el problema legal que existía en la versión anterior y que llevó al Banco de Guatemala a oponerse a la disposición.
VEN RIESGO EN APROBACIÓN DE URGENCIA NACIONAL
Otra de las entidades que estudia la propuesta de ampliación presupuestaria presentada por el Gobierno es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); no obstante su director ejecutivo, Ricardo Barrientos, indicó que aún no hay un pronunciamiento, ya que «se está analizando el tema con la rigurosidad y minuciosidad que el tema requiere».
De lo que sí opinó fue sobre la posibilidad de que en el Congreso se busque aprobar la iniciativa con dispensa de dictamen y de urgencia nacional.
«Si este fuera el caso, habría una brecha, un divorcio muy profundo, entre los aspectos políticos y los aspectos técnicos. Sería quizá una victoria política para el Ejecutivo, pero iría en detrimento o en menosprecio de una discusión técnica y más profunda», manifestó.
En una línea similar se pronunció Lavarreda, e hizo ver que la aprobación de urgencia «sería el peor escenario». A su criterio, «es necesario que el proyecto vaya a la Comisión de Finanzas Públicas, se estudie a profundidad y que ahí se corrijan todas estas falencias técnicas, para luego llegar al pleno e iniciar el proceso para su aprobación en tres debates».
OFICIALISMO BUSCA CONSENSOS
Consultada acerca de que se busque el aval del aumento presupuestario en un solo debate y de urgencia nacional, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala indicó que se están buscando los consensos necesarios.
Se prevé que la iniciativa en cuestión se conozca en la sesión plenaria convocada para la tarde de este martes. Ahí se desarrollarían las discusiones sobre el mecanismo para su aval definitivo.
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