Guatemala cerrará este año con un nuevo récord en la cantidad de dinero que se habría lavado mediante diversos medios, según las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Entre enero y noviembre, la entidad había denunciado ante el Ministerio Público (MP) el posible blanqueo de Q15 mil 176.5 millones, lo cual representa un promedio de Q1 mil 264.7 millones mensuales.
La IVE informó que al plantear las denuncias ante el MP «aporta los medios probatorios», que surgen del análisis de reportes de transacciones sospechosas. Estos son generados por entidades bancarias, concesionarias y otras empresas que están obligadas por ley a avisar sobre movimientos monetarios inusuales.
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Tras confirmar «la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos», el asunto se pone de conocimiento del MP, para que se inicien las investigaciones correspondientes, dice el más reciente reporte de la Intendencia.
Ahí también se indica que solo en el citado período se denunció a 2,485 personas por su presunta implicación en el blanqueo de los fondos. En cuanto a los reportes de transacciones sospechosas, se registraron 6,006 en todo el país.
REGISTRO HISTÓRICO
La IVE lleva un registro del dinero denunciado por presunto lavado en los años recientes, y en el 2025 se ha establecido un nuevo récord, aunque aún falta por computar el mes de diciembre. Este es el detalle de lo reportado:
- 2018 – Q2,356.9 millones
- 2019 – Q3,119.8 millones
- 2020 – Q2,538 millones
- 2021 – Q6,134 millones
- 2022 – Q3,906.8 millones
- 2023 – Q8,203.4 millones
- 2024 – Q9,133.3 millones
- 2025 (hasta noviembre) – Q15,176.5 millones
La detección de los casos de lavado de dinero ocurre mediante la comunicación efectuada por empresas catalogadas como personas obligadas en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Entre ellas destacan bancos, financieras, off-shore que operan en Guatemala y emisores de tarjetas de crédito, por mencionar algunas.
BUSCAN FORTALECER LEY ANTILAVADO
Para reforzar los mecanismos que permitan frenar el flagelo y cumplir con normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Organismo Ejecutivo presentó una iniciativa en julio pasado, con la cual se busca dar vida a una nueva «ley antilavado».
Registrada en el Congreso con el número 6593, la denominada Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo plantea ampliar el grupo de personas obligadas a reportar transacciones sospechosas, entre otras medidas, con las que el Gobierno buscaría dar un «golpe clavado al corazón del narcotráfico y del crimen organizado».
La propuesta está a la espera de ser dictaminada por las comisiones legislativas de Economía y Finanzas, las cuales deberán determinar si es viable que se discuta en el pleno de diputados.
