En mayo pasado, el Gobierno dio a conocer un proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), mediante un convenio suscrito con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), con un monto a invertir de USD 63.7 millones, que equivale a cerca de Q500 millones.
Aunque inicialmente se habló de readecuaciones presupuestarias internas para cubrir ese costo, en la Ley del Presupuesto General de la Nación para 2026, recientemente aprobada, se fijó otra fuente de financiamiento.
Según lo avalado por el Congreso, en el artículo 109 del Decreto 27-2025, los recursos para la citada obra procederían de un préstamo, el cual tendría que formularse, estructurarse y someterse a opinión de la Junta Monetaria, a más tardar, el 31 de julio del próximo año.
EL DESTINO DE LA DEUDA
La normativa no especifica la cifra que se negociaría para el crédito, pero indica que el dinero serviría para «financiar la primera fase de inversión del Proyecto de Ampliación del Muelle y Servicios Complementarios de la Empresa Portuaria Quetzal».
También faculta al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para efectuar los procesos respectivos, en coordinación con EPQ.
Asimismo, menciona que la «operación podrá instrumentarse mediante contrato de préstamo con organismo financiero internacional o emisión especial de bonos del Tesoro, con o sin la ejecución a través de un vehículo financiero de propósito específico».
«En todos los casos, la operación contará con garantía soberana del Estado de Guatemala, y podrá incluir como deudor a la Empresa Portuaria Quetzal, la cual programará el repago parcial o total del financiamiento con los ingresos adicionales que genere a partir de la puesta en operación de la ampliación del muelle y de los servicios portuarios complementarios», se lee en el artículo 109 de la Ley del Presupuesto 2026.
Además, en ese apartado se hará ver que para formular la operación de crédito se tendrán que tomar como base los estudios técnicos, diseños y recomendaciones de USACE, pues ellos constituirían el marco técnico de referencia para la ejecución del proyecto.
Otro aspecto incluido en el citado texto es que las gestiones realizadas por el Minfin no tendrían que implicar «compromiso de recursos durante el ejercicio fiscal 2026». Esto quiere decir que la estructura de financiamiento tendría que quedar lista para su incorporación y aprobación en el Presupuesto 2027.
