A partir del próximo año, los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM) recibirán un aumento generalizado de Q1 mil a su aporte mensual; además, quienes perciben los montos más bajos serán nivelados a Q3 mil 634.59, que era el salario mínimo vigente en 2024.
Así quedó estipulado en el artículo 149 del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de la Nación para 2026.
El beneficio también incluye a los pensionados de los regímenes del Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), en liquidación, y a los pensionados discapacitados del Estado en el Orden Militar. Para los tres sectores se estableció, adicionalmente, un nuevo tope en las pensiones, el cual quedó en Q7 mil.
Con esto, los beneficiados igualarán en condiciones a más de 109 mil jubilados del régimen de Clases pasivas Civiles del Estado a quienes se les otorgaron incrementos similares en enero de este año, en cumplimiento al Decreto 18-2024.
MINFIN ADVIRTIÓ RIESGO FINANCIERO
Al aprobar este aumento, el Congreso atendió una solicitud hecha por los jubilados en varias ocasiones en las cuales se manifestaron a las afueras del Palacio Legislativo para exigir mejoras económicas.
El asunto ya era objeto de discusiones en el organismo, pues se plantearon distintas iniciativas centradas en el incremento a las pensiones. De hecho, la Comisión de Finanzas y Moneda emitió el dictamen favorable a una de esas propuestas el pasado 12 de noviembre. Se trata de la iniciativa 6565.
Por aquella fecha, el presidente de la sala legislativa, Julio Héctor Estrada, expresó que se buscaba “un acto de justicia y reconocimiento hacia quienes sirvieron con lealtad al país”. Asimismo, hizo ver que la medida “fortalecería la sostenibilidad financiera del régimen previsional, garantizando su estabilidad en el tiempo”.
No obstante, cuando la Comisión pidió la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la cartera indicó que había «riesgos financieros y jurídicos al pretender incorporar, dentro de la Ley de Clases Pasivas Civiles, a pensionados de regímenes especiales con normativa y presupuesto propio». Su postura se consignó en el citado dictamen.
