Aunque se espera que la aprobación de la iniciativa de la Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo inicie el próximo martes 24 de marzo, lo ocurrido en las últimas sesiones pone en duda que avance.
La actualización de la esta ley por los diputados se ha tornada lenta por varios motivos, como tecnicismos, controles y desconocimiento de los estándares que menciona el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El país debe modernizar dicha legislación, que desde varios años no se modifica, y busca evitar que Guatemala sea incluida en el listado gris del GAFI de poca colaboración contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Aunque la junta directiva del Congreso de la República ha incluido en varias ocasiones la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero para iniciar su aprobación, los legisladores no llegan a conocer el tema por lo que atrasa la vigencia de la normativa, para lo cual las autoridades bancarias deben crear un reglamento que aplicar.
El segundo vicepresidente del Organismo Legislativo, Elmer Palencia, que también integra la comisión de Economía y Comercio Exterior que dictaminó favorablemente la propuesta de ley, explicó algunos motivos del atraso de la aprobación de la propuesta de ley que envió el Organismo Legislativo en 2025.
Palencia reconoció que el dictamen es extenso y técnico, donde se incluyen reformas importantes para el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de los cuales Guatemala ha firmado convenios.
«Este dictamen llevó bastante tiempo de poderse discutir. Lo que sucedió este martes (17 de marzo) es que muchos bloques legislativos han expresado algunas preocupaciones, la más común y la gran mayoría tiene como denominador común es que ahora se agregan como agentes obligados a los profesionales, específicamente a los notarios», indicó Palencia
Asimismo, indicó que «Por un lado, hay compañeros que dicen que no es necesario agregar a los notarios para cumplir con las recomendaciones de GAFI, y otros indican que hay que regular cuáles son las obligaciones del notario que no pueden ser las mismas para todos los agentes obligados, pues no es lo mismo para una gran entidad financiera que tiene los recursos para llevar los controles que a un profesional individual liberal», comentó Palencia.
También el entrevistado reconoció que se debe compartir con los diputados, ya que es una propuesta de ley muy técnica, y reconoce que han presentado inquietudes, pues al momento de involucrarse en política partidista, ya sea integrante de un partido político o funcionarios electos o designados, entran en la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y lo que sucede en la actualidad con la ley vigente al ser una PEP se ha sufrido «discriminación» por el sector financiero nacional, pues como la normativa es ambigua se tiende a agregar a otros tipos de elementos y restricciones para las PEP, pues también afecta a toda la familia en los diferentes grados de ley.
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NORMATIVA BUSCA ORDENAR CONCEPTOS
Debido a que en la primera lectura de cada iniciativa de ley se debe leer completa la propuesta de ley, y la de lavado de dinero u otros activos es extensa y se calcula que requerirá de tres horas, la junta directiva legislativa contempla que sea el primer punto que se conozca en la plenaria del 24 de marzo.
Palencia continuó indicando que la iniciativa contra lavado de dinero modernizará y aclarará conceptos, que en la actualidad son de manera subjetiva, pues desde el dictamen estará «bien regulado» y más específico. Además se aclara que la nueva ley no va con objetivos fiscales ni mucho menos a criminalizar a las personas que utilizan el sistema bancario con efectivo, como los comerciantes, ganaderos y agricultores, sino busca atacar a las personas que con intención utilizan el sistema bancario para el lavado de dinero.
Además, en el caso de los PEP se aclara que el ser persona expuesta políticamente no significa que se les restrinja el uso o adquisición de productos financieros específicos, como tarjeta de crédito, cuenta bancaria o crédito.
«Creo que son legítimas las dudas de los compañeros y precisamente solicitan un poco más de tiempo, que ya se han estado abordando con diferentes jefes de bloque, no veo lo que dicen otros diputados (oficialistas) y satanizando diciendo que se van porque tienen miedo, creo que es un sentido de responsabilidad de estudiar y analizar un dictamen que es sumamente extenso», añadió Palencia.
El diputado enfatizó que con la nueva ley se pretende tipificar de una manera apropiada y adecuada el delito de lavado de dinero, porque se busca dejar claro que se hace con intencionalidad, atacando a las personas que lavan dinero y no a las personas que tienen un negocio. Entre los controles que se resaltan es aclarar los conceptos, pues en la actualidad los agentes de cumplimiento de las entidades financieras lo hacen de manera empírica, haciendo por medio de una circular u oficio, por lo que se pretende dejar claro los conceptos y términos que se deben utilizar para esos temas.
«Veo voluntad política de parte de varios bloques que estaban representados en la comisión, pues no es una ley sencilla, supremamente técnica y que hay que entender que muchas de las reformas que se hacen obedecen a recomendaciones de carácter internacional, que tienen que ser adaptadas a la legislación guatemalteca y algunas evitar que no rocen con temas constitucionales», puntualizó Palencia.
Asimismo, el jefe del bloque Visión con Valores (Viva), Edín de Jesús Mejía, señaló que el atraso de la aprobación se debe a desconocimiento, ya que, incluso considera que afectaría al empresario y trabajador. Por ejemplo, explica, abogados y notarios han manifestado su preocupación sobre su obligación a denunciar una situación anómala, cuando solo tendrían que, al ver alguna sospecha dar aviso, pero queda a criterio de cada persona, como es el caso de los bancos que deben reportar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).
«La gran preocupación es que de no aprobar esta ley contra lavado de dinero este año, Guatemala pasará a una lista gris que sí va a perjudicar al guatemalteco promedio, en el sentido que vetaría las remesas. Lo riesgoso para el país es cerrar ese tipo de oportunidades que pueda tener. Creo que la mayoría de diputados quieren pedir que un experto comparta pormenores de qué afecta y qué no afecta dicha ley, pues cada ley tiene sus pormenores, como sanciones y controles», comentó el representante de Viva.
El diputado agregó que existe desinformación sobre cómo la ley puede afectar transacciones o negocios en efectivo entre los mismos diputados.
«Tenemos una ley vigente y está vendría a fortalecer los controles en tema de fondos… En caso particular esta ley es importante y debe aprobarse, no por presiones externas si no por cuidar la economía de los guatemaltecos», agregó Mejía.
El diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada, reconoció que se debe aprobar la iniciativa de ley, pero comentó que ha escuchado a otros congresistas, de diferentes bancadas, buscar acuerdos para presentar enmiendas, lo cual entramparía la aprobación en primer y tercer debate, pues es durante ese momento que se deben buscar los acuerdos.
No obstante, Estrada señaló que el desconocimiento de la ley por sus colegas se debe a que no la han leído y ha dado espacio a la desinformación sobre los alcances de la ley.
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TEMOR POR TECNICISMOS
Otros diputados, de diferentes bloques, comentaron que el aparente temor de los diputados de las bancadas «grandes», como Valor y UNE, es por falta de conocimiento de los conceptos que se abordan en la ley, pero esperan que conforme se vaya discutiendo la iniciativa se despejen esas dudas.
El primer secretario de la junta directiva, Juan Carlos Rivera, resaltó que en la iniciativa de ley también se ordenan los conceptos para las PEP, pues se reducen ciertas restricciones cuando se dejan los cargos públicos.
De acuerdo con Mejía, en la actualidad esa designación ha afectado no solo a los políticos sino a las familias, y ahora se busca ordenar que solo sea el político incluyendo permisibilidad y legalmente establecido, pues es quien tiene la responsabilidad y debe manejarse de la mejor manera posible.
Mientras tanto, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala enfatizó sobre la importancia de la iniciativa de ley para evitar la inclusión del país en el listado gris y reconoció que desde el Organismo Ejecutivo se presentó la propuesta que cumple con los estándares internacionales, por lo que espera que los todos los congresistas no objeten dicha propuesta de ley, con la que se busca atraer inversión y evitar la utilización de recursos ilícitos y del crimen organizado en la economía nacional.
Sin embargo, reconoció que hay inconformidades por algunos diputados de varios bloques legislativos de incluir a los abogados y notarios para declaraciones de algunas certificaciones que realicen, por lo que estarán atentos de las enmiendas que se puedan presentar en su momento para que la ley no pierda el sentido y objetivo.
