Pese a que la integración de los magistrados titulares y suplentes designados para la Corte de Constitucionalidad (CC) figura en la agenda del Congreso de la República para este martes 17 de marzo, el acto podría posponerse debido a diversos amparos que cuestionan la elección realizada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Ante ello, según fuentes del Legislativo, Walter Mazariegos y aliados presionan para que con mayoría de votos hoy mismo quede aprobado el decreto para la integración de la CC que incluya a los magistrados elector hasta ahora.
Aunque en el orden del día de la plenaria se contempla la discusión del acuerdo para convocar a los magistrados del periodo 2026-2031 a prestar juramento de fidelidad a la Constitución, el Legislativo optaría por diferir el acto hasta que la propia CC resuelva los recursos interpuestos contra la candidatura de Julia Marisol Rivera Aguilar.
EL CASO Y LA DENUNCIA
Las impugnaciones señalan irregularidades sustanciales en su expediente, tales como la supuesta presentación de certificaciones docentes sin respaldo en los registros financieros de la Usac y la omisión de una sanción disciplinaria firme en su declaración jurada. Estos señalamientos han sembrado dudas sobre la legalidad de su designación y, por ende, sobre la viabilidad de su toma de posesión.
LO QUE DICE CONTRERAS
El presidente del Congreso, Luis Contreras, confirmó que este martes se priorizará la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), también prevista en agenda, mientras que la de la CC quedará supeditada a la aprobación de un decreto que permita realizar la convocatoria en una fecha posterior. «Se va a aprobar una ley de urgencia nacional que nos faculte para convocarlos y juramentarlos en otra fecha; creo que tenemos hasta el 12 o 13 de abril, pero se hará antes de ese tiempo», afirmó el legislador, sin precisar el día exacto.
La integración de la CC debe ser aprobada en el Congreso de la República en un decreto que es enviado al Organismo Ejecutivo para que sea sancionado por el presidente de la República, para que, posterior a ello, los nuevos magistrados sean juramentados y tomen posesión. La fecha en la que los nuevos magistrados deben tomar sus cargos es el 14 de abril de 2026.
Mientras otros diputados comentaron que fuentes cercanas al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, esperan que dicha integración y posterior juramentación de los nuevos magistrados se lleve a cabo y así garantizar el cargo a Rivera Aguilar.
Para la aprobación del decreto de la conformación de la nueva CC, según algunos legisladores ya se cuentan con más de 107 votos para que se avale de urgencia nacional.
ATRASO EN INTEGRACIÓN DE CC
Detrás del aplazamiento, sin embargo, se perfila una disputa política más amplia. La reconfiguración de fuerzas en el Congreso —marcada por las recientes elecciones del TSE y la propia CC— ha incidido en el retraso de la integración, en particular por las dudas que rodean la designación hecha por el CSU.
Fuentes cercanas al Legislativo señalan que el objetivo de dilatar el proceso es permitir que la Corte de Constitucionalidad conozca los amparos y, eventualmente, deje sin efecto la elección de Rivera Aguilar. De ocurrir ese escenario, el CSU se vería obligado a realizar una nueva designación.
CONTROVERSIA DE RIVERA AGUILAR
La designación de Rivera Aguilar ya había nacido bajo controversia. Fue electa el 16 de febrero en una sesión extraordinaria celebrada en Antigua Guatemala, en medio de protestas, restricciones al acceso de la prensa y cuestionamientos sobre la legitimidad de los integrantes del CSU, muchos de ellos con el mandato vencido.
Las denuncias posteriores escalaron el conflicto. Una impugnación presentada por miembros del propio Consejo sostiene que la magistrada acreditó una experiencia docente inexistente durante más de una década y que su expediente contiene documentos cuya veracidad es cuestionada. Además, se le atribuye haber omitido información relevante sobre una sanción judicial, un elemento clave para evaluar el requisito constitucional de honorabilidad.
El caso también salpica a las autoridades universitarias. El rector de la Usac y el secretario general, Luis Fernando Cordón —exesposo de Rivera Aguilar—, han sido señalados por su papel en el proceso, tanto por la validación de la documentación como por no haberse excusado pese a posibles conflictos de interés.
Mientras la CC no resuelva los recursos, el Congreso mantendría en suspenso la integración de los magistrados designados por la Usac, en una decisión que refleja no solo la fragilidad jurídica del proceso, sino también la intensidad de la disputa política por el control del máximo tribunal constitucional del país.
Asimismo, se conoció que Marco Vinicio Mejía Dávila, ha presentado acciones legales señalando de tráfico de influencia la designación de Rivera Aguilar por su relación sentimental con el actual secretario del CSU.
