La organización internacional Impunity Watch recordó en su informe Riesgos en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Usac, que existen anomalías en el Consejo Superior de la universidad pública bajo control de Walter Mazariegos.
Entre las primeras irregularidades que señaló la organización, está que el Consejo Superior Universitario (CSU) opera con integrantes cuyo mandato está vencido, pues una sentencia de la CC de febrero de 2025, menciona que la omisión de convocatoria a elecciones en la universidad vulnera la autonomía universitaria y los derechos de elegir y ser electo.
A la vez, la CC estableció que la prolongación de mandato por los consejeros contraviene principios de la democracia, alternancia y legalidad, pues Mazariegos ordenó meses después modificar el reglamento de elecciones en esa casa de estudios superiores con tal de mantener a allegados en el CSU.
De acuerdo con Impunity Watch, esas reformas que impulsó Mazariegos ponen en riesgo la democracia interna y debilitan los mecanismos de fiscalización e impugnación.
Ante el vencimiento de los mandatos de los consejeros y desobediencia por Mazariegos, se han presentado varias solicitudes de amparo tanto en la CC y Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que el CSU renueve a sus integrantes. Las acciones las presentaron el abogado Javier Monterroso, Alejandro Xiloj, Erick Castillo, los diputados David Illescas y José Chic, así como la Convergencia de los Derechos Humanos, pero algunos no se han remitido a las Salas de Apelaciones o no se han resuelto.
La Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también hizo un llamado para que de «manera inmediata» se integre y se dé posesión de las autoridades universitarias válidas electas, para que el CSU se encuentre plenamente integrado y debidamente constituido, ya que de lo contrario está en riesgo la legalidad, la representatividad y legitimidad del proceso, que pueden generar controversias posteriores afectando la estabilidad institucional.
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CUESTIONAN ELECCIÓN
Impunity Watch y organizaciones civiles resaltan que de los 41 miembros del CSU, 23 tienen sus cargos vencidos, por lo que no tendría credibilidad la elección de los dos magistrados a la CC por la Usac.
A la convocatoria para magistrados de la CC por la universidad pública se presentaron 14 aspirantes, entre ellos la magistrada de la CC, Leyla Lemus, que tuvo conocimiento de la sentencia que ordenaba a Mazariegos a renovar el Consejo Superior, por lo que se señala conflicto de interés.
La fiscal General, que también presentó papelería ante el CSU, conoce los mandatos vencidos de los consejeros.
Tanto organizaciones nacionales como misiones internacionales han reiterado la importancia del respeto a la legalidad y normas internacionales en los procesos de elección de segundo grado para volver a generar confianza en la población hacia la justicia y la democracia.
A pesar de que en votaciones anteriores, la elección de magistrados al Tribunal Constitucional por parte del CSU se realiza en la universidad, en esta ocasión Mazariegos decidió alejar dicha elección, pues se llevará a cabo el 16 de febrero en un hotel en Antigua Guatemala, donde no se descarta que el acceso por organizaciones civiles e internacionales sea limitado.
