El gobierno de Bernardo Arévalo intenta rehabilitar el ferrocarril, por lo que ha instruido a la empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) iniciar la recuperación de la vía férrea para que sea otra opción de movilidad en el país.
Miguel Ángel Díaz, interventor de Fegua, explicó que actualmente trabaja en una restructuración de esa entidad, para luego realizar durante este semestre los estudios técnicos, ambientales y legales para recuperar la vía férrea y presentárselos al presidente de la República y que él tome la decisión más adecuada.
Díaz aclaró que la vía férrea es una propiedad del Estado que es administrada por Fegua y está protegida por la ley por ser un bien público.
El interventor evitó mencionar que se realizará un desalojo de las familias que viven en esa área, que son 30.28 metros de ancho en los 800 kilómetros de vía del tren. Además, indicó que no se deben aceptar temas ilegales, pues insistió que el mayor interés es la reactivación del sistema ferroviario.
De acuerdo con Díaz el objetivo de dicha recuperación se debe a que los costos de logística en el país son elevados, la competitividad del país está en juego y las carreteras «ya no dan más», por lo que se debe poner a funcionar esa alternativa de manera «urgente».
«Estamos haciendo estudios exhaustivos con estándares internacionales, estamos recibiendo asesoría de entes internacionales para que tengamos una vía férrea rehabilitada que cumpla con esos estándares. Tenemos seis meses para hacer los estudios y comenzar a presentar opciones, como técnico hacemos una apreciación de la situación», comentó Díaz.
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ACLARACIÓN DE ESTUDIOS
El interventor de Fegua aclaró a vecinos que acudieron a la reunión con el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Julio Marroquín, que cuando se presenten los estudios técnicos no significará que al día siguiente se retirará a las más de 250 mil familias que usurpan la vía férrea.
Díaz resaltó que la recuperación de la vía del ferrocarril se debe trabajar como una política pública, que no solo es de movilidad, ya que no dejan a un lado, lo social y humano, y se debe conversar con otras entidades públicas para atender un problema de Estado, como es el de vivienda.
El congresista también citó a funcionarios de las procuradurías General de la Nación y de Derechos Humanos, quienes mostraron estar atentos a las mesas de diálogo que se convoque para movilizar a las personas que viven en el espacio ferroviario.
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