Los diputados deberá apresurar la discusión y aprobación de varias iniciativas de ley que tendrán un impacto en las finanzas y economía del país en el primer periodo ordinario legislativo, como es el proyecto de ley contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el sistema portuario nacional y la propuesta de ley de Contrataciones del Estado.
Las tres iniciativas de ley fueron presentadas por el gobierno de Bernardo Arévalo durante el segundo semestre de 2025, y fueron enviadas a las comisiones legislativas de Finanzas, Comunicaciones y Economía en los últimos meses de ese año para su dictamen.
La propuesta de ley contra el lavado de dinero pretende actualizar la actual normativa contra ese flagelo, y que debe estar lista antes de enero de 2027 para evitar que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluya al país en un listado gris.
Por lo que el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León, espera que en el primer semestre del año se apruebe dicha propuesta de ley, que fue aceptada por entidades financieras y bancarias que operan en el mercado local.
En esa iniciativa de ley se mantiene contar con reportes y registros de transacciones en efectivo mayores de US$10 mil.
Además, se busca crear el consejo nacional de coordinación de esfuerzos contra el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el país, el cual será presidido por la Vicepresidencia de la república.
También se busca reformar artículos respecto al lavado de dinero u otros activos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
MEJORAR SERVICIOS EN PUERTOS
El gobierno de Semilla presentó la iniciativa de ley general del sistema portuario nacional, la cual fue discutida con diferentes sectores, pues la comisión legislativa de Comunicaciones, también había presentado meses atrás una propuesta similar, pero propone quitar algunos controles en los puertos.
La propuesta del Organismo Ejecutivo pretende que con la normativa se promueva la competitividad de las empresas públicas portuarias, así como, para el sector privado que desee invertir y desarrollar instalaciones y servicios portuarios con certeza jurídicas.
En dicha iniciativa se resalta que la seguridad y protección portuaria son instalaciones que requieren un nivel de seguridad especial por su impacto en la protección de la soberanía nacional, bienestar social y economía nacional.
Asimismo, se permitiría crear la Autoridad Portuaria Nacional, la cual será estatal y autónoma, la cual podrá adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar sus bienes, los cuales deberá invertir únicamente en el cumplimiento de sus funciones, como el comité de apoyo al sistema portuario nacional, donde participarán funcionarios y empresarios.
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AUMENTAN MONTOS PARA COMPRAS ESTATALES
Otras de las iniciativas de ley que deben discutir los diputados son la actualización de la normativa para la compra de bienes y servicios en las entidades gubernamentales, pues también la comisión de Comunicaciones del Congreso promueve la iniciativa de ley del sistema nacional de adquisiciones del Estado, que recaba propuestas del Banco Mundial, para mejorar las compras estatales.
Propuesta que también compite con el proyecto de ley que entregó el Ejecutivo a finales de noviembre, que busca modernizar la Ley de Contrataciones Públicas.
En la iniciativa de ley de los diputados, se promueve la creación de la superintendencia de adquisiciones y el registro general de proveedores del Estado, y se modifican aspectos de compra de baja cuantía.
A la vez, se autorizan las adquisiciones de emergencia, las cuales se pueden realizar cuando se declare un estado de excepción.
El Ministerio de Finanzas Públicas propone un ordenamiento para las compras menor, conocidas comúnmente de baja cuantía, las cuales ahora serán de hasta Q35 mil, luego la contratación simplificada puede hacerse sin que se exceda de los Q300 mil y por medio de licitación será a partir de Q2 millones con 1 centavo.
Asimismo, se retoma la contratación de dragados en ríos, lagos, lagunas, puertos y zonas navegables.
Esto propone la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas presentada al Congreso
