Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron este 30 de diciembre dar con lugar ocho solicitudes de amparo y frenan el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2026, que era por Q163 mil 469 millones.
La decisión adoptada por la mayoría del Pleno obliga al gobierno de Bernardo Arévalo a realizar ajustes al Presupuesto General de 2025 para operar durante el próximo período fiscal. Dicho plan de gastos asciende a Q154 mil 836 millones, tras una ampliación presupuestaria avalada por el Congreso de la República.
Los magistrados que votaron a favor de otorgar los amparos fueron Leyla Lemus, Nester Vásquez, Dina Ochoa, Héctor Pérez Aguilar. El único que votó en contra fue el magistrado Roberto Molina Barreto.
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Las acciones legales en contra del plan de gastos del Organismo Ejecutivo fueron presentadas por alcaldes, abogados y pobladores, quienes denunciaron anomalías en el proceso de aprobación del presupuesto y en la distribución de fondos para algunos municipios.
Aunque la Municipalidad de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, presentó un amparo para detener el plan de gastos, dicha acción quedó suspendida por no presentar informes que había solicitado el tribunal constitucional.
Las solicitudes de amparo conocidas por la Máxima Corte fueron:
LA DISCUSIÓN EN ÚLTIMOS DÍAS
Fuentes con conocimiento del caso, que solicitaron no ser identificadas, explicaron que las solicitudes de amparo se agruparon en tres bloques. Agregaron que por estar acumuladas todas las solicitudes se otorgó en una sola resolución, pero que en la sentencia se hará alusión a cada una de las acciones.
No obstante, indicaron que en el Pleno de este martes se hizo referencia a las solicitudes de Sagastume Vidaurre y Linares Beltranena por señalar en sus acciones vicios de procedimiento en la aprobación del Presupuesto General de 2026.
La unificación de un primer grupo de los amparos se realizó debido a que el acto reclamado es similar: el decreto que aprueba el Presupuesto General, en particular la inconformidad con el cálculo del situado constitucional destinado a las municipalidades.
Un segundo grupo fue promovido por comunas que rechazan la asignación de aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Un tercer bloque de acciones de abogados sostiene que durante la aprobación del presupuesto se cometieron arbitrariedades e ilegalidades, al señalar vicios en el procedimiento legislativo, lo que, a su criterio, puede ser corregido mediante amparo de la CC.
“Los amparos no fueron instados todos en el mismo momento. Si hubieran sido presentados el mismo día o de una sola vez, habrían tenido la misma etapa procesal y habría sido más fácil acumularlos. Lo complejo, procedimentalmente, es que algunos se interpusieron en fechas distintas, se solicitaron informes al Congreso y luego se acumularon. Esa etapa solo puede realizarla el Pleno de magistrados», afirmó la fuente.
Agregó: «Durante las festividades navideñas ingresaron otros cuatro amparos más y, para lograr la acumulación, fue necesario equiparar procesalmente todos los expedientes. La última acumulación se concretó el 29 de diciembre, por lo que se sometió al Pleno la propuesta sobre qué resolución adoptar”, explicó la fuente de la CC.
El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 durante la madrugada del 27 de noviembre. Entre los señalamientos públicos surgieron críticas de economistas, cámaras empresariales y otros sectores, quienes advirtieron errores como la asignación de recursos a los Codedes sin proyectos específicos registrados.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/BkMFcWmJc8
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) December 30, 2025
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