Los diputados de la bancada oficialista integrantes en las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional, Gobernación y Reformas al Sector Justicia se oponen al dictamen en conjunto emitido a la iniciativa de ley «reformas al sector justicia para protección ciudadana a través del fortalecimiento del legítimo ejercicio del cargo de las fuerzas de seguridad y garantías del sector justicia».
Esa propuesta de ley fue planteada por varios diputados de Vamos, por lo que algunos legisladores comentaron que el proyecto de ley es similar a la iniciativa de ley anti protestas.
Los congresistas Alma Luz Guerrero, Victoria Godoy Palala, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria razonaron su voto en contra de la iniciativa de ley con registro 6411, al que le dieron dictamen favorable este 3 de diciembre, las tres comisiones.
La oposición de los diputados oficialistas es al artículo de la iniciativa de ley donde se menciona la legitimación a los operadores de justicia para el uso de la fuerza.
En el artículo 2 de la iniciativa de ley se indica que la aplicación de la ley hay ciertas definiciones como es el sector de justicia y se incluyen al conjunto de instituciones que conforman al sistema de justicia del país, principalmente al Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Público Penal, la Procuraduría General de la Nación, el Sistema Penitenciario y el Instituto de Asistencia y Atención a la Víctima.
«Uso de la fuerza. Inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma temporal o permanente, de una o más funciones corporales que llevan a cabo las fuerzas de seguridad pública, su finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y paz social», explica un párrafo de la iniciativa de ley.
Por lo que el razonamiento de los diputados oficialistas es que la ley permitiría el uso de la fuerza a «operadores de justicia», lo cual es contrario al diseño constitucional y a la naturaleza de dichas instituciones, pues su papel jurisdiccional, investigativo, pericial o de asistencia jurídica, sin vínculo ni competencia con labores de seguridad pública.
Y resaltaron que ninguna de las instituciones poseen atribuciones legales para el uso de la fuerza física, lo que hace que esta disposición sea improcedente, pues confunde funciones y altera la distribución constitucional de competencias asignadas exclusivamente a los cuerpos policiales.
Además, resaltaron ambigüedades en la iniciativa de ley, pues se incluye la definición de fuerzas de seguridad pública civil, que se refieren a instituciones y agentes del Estado que deben velar por la seguridad de la ciudadanía, por lo que enfatizaron que la ausencia de definiciones claras permitiría la interpretación expansiva o discreción para que funcionarios que no ejercen funciones operativas de seguridad pública, como jueces, fiscales, personal administrativo u otro integrante del sector de justicia, realice actos de fuerza, contradiciendo la arquitectura constitucional.
¡Alerta! 🚨 Esta iniciativa es un gran riesgo. Podría generar una escalada de impunidad al facultar a operadores de justicia que no pertenecen a cuerpos de seguridad para hacer uso de la fuerza. pic.twitter.com/5Hue7ywqJT
— Victoria Palala (@Vicpalala) December 3, 2025
RESALTAN VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL
Otros de los argumentos de los oficialistas es que en la iniciativa se pretende duplicar funciones y violar criterios constitucionales, pues ya hay aspectos regulados en el Código Penal.
Asimismo, señalan contradicciones en el artículo de principios básicos del uso de fuerza con estándares internacionales, donde se contemplan lineamientos básicos, tácticos y operativos. Además, mencionan la duplicidad en circunstancias agravantes.
También el diputado, Ronald Portillo, hizo la observación al término legítimo ejercicio del cargo por el legítimo ejercicio de un derecho, lo cual contradice a lo establecido en el artículo 24 del Código Penal.
A la vez, indica que las modificaciones realizadas respecto a «civil» a fuerzas de seguridad pública, carecen de justificación técnica y legal, resultando innecesaria su inclusión.
El dictamen de las tres comisiones tampoco fue respaldado por la diputada oficialista Andrea Reyes, como el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos.
DEFIENDE CAMBIOS
El diputado de Vamos, Héctor Aldana, explicó la presentación del dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa, pues busca el «respaldo jurídicamente» a los miembros de las fuerzas policiales.
«Lo único que tienen son protocolos de mediación comunitaria, entonces no va a enfocado de lo que deben completar las fuerzas policiales. Nos hemos dado cuenta de que necesitan un espacio jurídico donde ellos puedan promover este protocolo de criminalidad. Hemos propuesto esta iniciativa que va enfocada en tres factores fundamentales», resaltó Aldana.
El exviceministro de Transportes comentó que se busca establecer la igualdad de la fuerza pública por niveles, y se incluyen reformas al Código Penal respecto a las causas de justificación.
#AhoraLH | Integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación, Asuntos de Seguridad Nacional y de Reformas al Sector Justicia presentan dictamen a una iniciativa de ley para un protocolo para las fuerzas de seguridad.
📹Joel Maldonado pic.twitter.com/I1JncL5c8X
— Diario La Hora (@lahoragt) December 3, 2025
