Las discusiones en la comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda conforme se presentan los funcionarios a justificar la solicitud de más recursos se elevan, como ocurrió en la presentación de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, que pide más fondos para 2026.
Durante la audiencia de esa mesa de trabajo, los diputados Andrea Villagrán, Román Castellanos, y José Chic, encararon a Porras, por la petición de más fondos para la institución, cuando la poca credibilidad y persecución política resaltan en la gestión de Porras y el ente investigador.
Ante los diputados, Porras aseguró que los recursos han sido utilizados de manera adecuada y resaltó la reducción de la mora fiscal. No obstante, los datos que ha presentado la fiscal en eficiencia son cuestionados, pues algunos ciudadanos se quejan de que sus denuncias son archivadas o desestimadas.
También se cuestiona el poco sustento de la administración de Porras en los casos de corrupción, pues varios exfuncionarios han logrado el cierre de sus procesos.
#AhoraLH | La fiscal Consuelo Porras resalta que tiene moral para presentar sus resultados en el Ministerio Público.
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✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/zTNbG17CwG— Diario La Hora (@lahoragt) September 30, 2025
La fiscal general acudió a la reunión de la comisión de Finanzas, acompañada por secretarios, subsecretarios, como directores, y aunque aseguró el uso adecuado de los recursos asignados, se negó a responderle al diputado Castellanos, respecto a su salario, el cual se paga de los impuestos de los ciudadanos.
Tanto el presidente de la comisión, Julio Héctor Estrada, y el diputado Álvaro Arzú Escobar, cuestionaron a su colega Villagrán, por los señalamientos que hizo a la fiscal general y no referirse a la discusión del presupuesto.
La fiscal Porras solicita a los diputados para 2026, un presupuesto de Q5 mil 245 millones, el cual tendría un incremento de Q354 millones respecto a lo asignado en el presente periodo. Los rubros en los que se pretende incrementar de acuerdo a lo que presentó la jefa del MP, es en servicios personales, propiedades y transferencias corrientes.
Sin embargo, en el rubro de asignaciones globales, llama la atención, pues esperan tener un fondo de Q263 millones, cuando había sido de Q55 millones.
OPOSICIÓN TRAS CONTROL DEL CONGRESO
En las últimas plenarias, donde se intenta avanzar con la discusión y aprobación de iniciativas de ley, las bancadas de oposición han logrado los votos para aprobar decretos que han puesto en apuros al presidente Bernardo Arévalo.
Y el decreto 9-2025, que son reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente, no fue la excepción, pues si bien los ponentes de las modificaciones, ofrecieron un beneficio para las iglesias y entidades benéficas, otros diputados cuestionan la desigualdad que se crea para el cuidado del ambiente, pues no se pedirían licencias ambientales.
Ante ese nuevo decreto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se pronunció en contra, como también la diputada Karina Paz, que presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que esas reformas no cobren vida jurídica.
Esas reformas se suman al famoso decreto 7-2025, que busca los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan trasladar fondos no ejecutados en el presente año para otros periodos, decreto que fue vetado este viernes 3 de octubre por el presidente Arévalo.
Ya diversos sectores sociales, cámaras empresariales y centros de análisis habían cuestionado esa medida, señalando que podría ser inconstitucional.
CONTRAPUESTA PARA COMBATIR A MARAS Y PANDILLAS
La fiscal general no desaprovechó los momentos en Estados Unidos, por lo que el último lunes de septiembre, se reunió con la junta directiva del Congreso de la República y jefes de bloque para presentar su propuesta para el combate a los mareros y pandillas, y dio a conocer los resultados de distintas fiscalías para atender ese problema que afecta cientos de personas.
Derivado de eso, el presidente legislativo, Nery Ramos, creó una comisión presidencial para discutir una propuesta de ley integral, que contempla la revisión de distintas leyes, para que haya una respuesta desde el Sistema Penitenciario y los jueces, para que se perciba una persecución adecuada.
Otro de los aspectos que ocurrió en la primera semana de octubre en el Congreso fue que no se retomó la interpelación al ministro de Salud debido a que la mayoría de diputados no se presentaron a labores.
