
La última semana de septiembre en el Congreso de la República evidenció los cambios que empiezan a tener los diputados en sus bancadas y con otros funcionarios, como ocurrió con la solicitud de destitución y renuncia al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, y de los relatores contra la Tortura.
La petición de los legisladores de remover al magistrado de Conciencia y a funcionarios de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) es una consecuencia de informes elaborados por dichas entidades luego que la jueza Mireya Batún Betancourt, ordenara el traslado de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo» de la cárcel Renovación I, en Escuintla, a una de menor rango de seguridad en Fraijanes.
Los argumentos de los diputados que piden cambios de procurador de Derechos Humanos y de los relatores contra la Tortura parten de la pronta atención que dieron a un reo, pero no han atendido la demanda de la población, pues se vulneran los derechos de cientos de guatemaltecos.
Entre los diputados que se han manifestado en favor de la destitución Córdova como comisionado del organismo Legislativo figuran José Inés Castillo, Lucrecia De Palomo, Sonia Gutiérrez, José Chic, Julio López y Byron Rodríguez. Otros legisladores no acudieron a la reunión de la comisión legislativa de Derechos Humanos, donde se cuestionó a Córdova y al relator Alfred Sánchez Chinchilla, por sus informes que benefician a «El Lobo».
Algunos integrantes de esa comisión comentaron que la ausencia de otros diputados puede interpretarse como una defensa del procurador, ya que al no haber quorum no se puede someter a votación la petición para destituirlo. A la vez, se contradicen con las críticas de la inseguridad y violencia, pero no se pronuncian por acciones de funcionarios con algún propósito para cambiar a presos de cárceles.
SIN AVANCE EN AGENDA, CON AUMENTO SALARIAL
Las divisiones entre los diputados conforme avanza el año son evidentes en los consensos para aprobar leyes o avanzar con la agenda legislativa. Una muestra fue la aprobación de las reformas a la Ley de Competencia.
Los cambios a esa normativa iniciaron en agosto pasado, pero debido a la molestia que tenían varios diputados con algunos sectores de la sociedad prefirieron no modificar cuatro artículos de esa norma, sobre los cuales un mes atrás había acuerdos de reforma, por lo que en el Decreto 8-2025, solo cambia el artículo respecto a la Presidencia del Directorio de la Superintendencia de Competencia.
Diputados no aprueban reducir sanciones por denuncias falsas en Ley de Competencia
A mediados de la semana, los diputados volvieron a recibir el sueldo con el criticado aumento que se recetaron este año y a pesar de que el trabajo legislativo no avanza, como es la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, que lleva seis meses, los congresistas reciben el pago sin mayores descuentos.
El sueldo de los diputados es de Q66 mil 300, conformado por Q46 mil 700 de base, más Q9 mil 600 de dietas por asistir a plenarias, más Q5 mil dietas por asistir a comisiones de trabajo y otros Q5 mil de gastos de representación.
Interpelación al ministro de Salud entrampa el Congreso durante seis meses
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