La representante de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, solicitó al presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, un informe de las condiciones en las que se encuentra el viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, del abogado Eduardo Masaya y de Héctor Chaclán.
Gutiérrez informó de dicha solicitud el pasado 11 de junio, pues se sospecha que puedan estar siendo criminalizados.
«Solicito su valioso apoyo en cuanto por favor gire instrucciones a donde corresponda para que nos brinden un informe circunstanciado acerca de las condiciones de las personas detalladas», expresó la diputada en la carta que fue avalada por el presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos.
A la vez, Gutiérrez recordó que esa solicitud se debe a la conversación que tuvieron en una reunión en esa mesa de trabajo el pasado 4 de junio.
La justificación para solicitar esa información se basa en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, respecto a los derechos de los diputados, como también en el artículo 30 de la Constitución Política, que es de publicidad de los actos administrativos.
La información deberá ser remitida por la Oficina de Prevención de la Tortura a más tardar en cinco días hábiles.
En mi calidad de integrante y junto al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, estoy solicitando a la Oficina contra Tortura un informe de las condiciones en que se encuentran las siguientes personas que pueden estar siendo criminalizadas:
Eduardo Masaya
Luis… pic.twitter.com/zkpigRMgBk— Sonia Gutierrez (@SoniaGRaguay) June 11, 2025
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PROCESOS DE LOS ACUSADOS
En el caso contra Pacheco y Chaclán, el Ministerio Público logró que la Sala Cuarta de Apelaciones, agregara un delito más a los dos exintegrantes de la Junta Directiva de 48 Cantones, Totonicapán, en 2023, ya que participaron en las manifestaciones para garantizar el respeto de los resultados electorales.
Mientras que en el proceso contra Masaya, la fiscal María Consuelo Porras y su equipo, lo involucran en supuestas anomalías en el caso Semilla, que es la conformación del comité pro formación del partido político.
Además, el MP de Porras mantiene en la cárcel a otros exfuncionarios, como es el caso del exdirector de Informática de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos, que se le acusa de supuesta alteración de datos de los resultados electorales.
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