Un diputado y un relator contra la Tortura proponen sancionar penalmente el cobro de la «talacha» en las cárceles

El diputado de Cabal, Julio López, y el presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Jonathan Mayorga, presentaron dos iniciativas de ley, una de ellas, busca incluir como delito el cobro de la denominada «talacha» en los centros de detención.

De acuerdo con Mayorga, el objetivo de ambas propuestas de ley para reformar el Código Penal «es para proteger a las víctimas» y tengan mecanismos reales para denunciar los hechos como el cobro en las cárceles y la tortura.

Asimismo, agregó que los cambios propuestos pretenden castigar a los funcionarios, autoridades y particulares sabiendo que existe la tortura, la permitan y no la impidan y así «eliminar la impunidad».

Mayorga comentó que según estimaciones en un estudio realizado recientemente, diariamente en el Preventivo de la zona 18, ingresan entre 18 a 20 personas de primer ingreso, por lo que cada privado de libertad se ve obligado a pagar la «talacha» y en algunas ocasiones ese pago como mínimo es de Q3 mil.

«Este flagelo nacional no puede seguir siendo invisibilizado, como Oficina Nacional de Prevención de la Tortura queremos atacar de raíz uno de los principales flagelos que sufren los privados de libertad y sus familias, por eso proponemos que se reforme el artículo 214 Bis, es una adición, y tengamos un tipo penal autónomo que le permita a las víctimas denunciar estos hechos», explicó Mayorga.

El relator contra la Tortura agregó que el artículo nuevo menciona que cuando los hechos que se refiere el artículo anterior relativo a la coacción, el objeto material del delito sea destinado a una persona privada de libertad dentro de un centro carcelario será sancionado con prisión de dos a seis años.

RELATOR IMPULSA EQUIPARAR LEGISLACIÓN NACIONAL

«La reforma para actualizar y adecuar el delito de tortura al plano internacional también incluye otros motivos por los cuales una persona puede ser condenada o procesada por ese delito, como castigos personales. Por ejemplo, linchamientos, también contempla una medida de coerción o control. Actualmente, las medidas de control son desmedidas y extensivas», explicó Mayorga.

Asimismo, indicó que han documentado que los privados de libertad en prisión preventiva «provisional» de hasta 10 años, con una figura que no existe.

Mientras que el legislador comentó que sancionar el cobro de la «talacha es quitarle el brazo económico a las estructuras criminales que desde las cárceles operan y así tipificar para que sea castigado de forma contundente» y los órganos jurisdiccionales tengan las herramientas jurídicas para hacer el castigo que dañan a la población.

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