La comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda tenía contemplado emitir dictamen favorable a la iniciativa de ley 6431, ley para respuesta inmediata a la población en caso de emergencia, urgencia e imprevisto, y que podría agilizar la reparación o adquisición de un tomógrafo en el Hospital General San Juan de Dios.
Dicha propuesta de ley fue presentada en agosto de 2024, y busca modificar la Ley de Contrataciones del Estado en el inciso h del artículo 44, para que las dependencias y entidades, puedan realizar compras directas de bienes, suministros, obras o servicios para casos de emergencia, urgencia o imprevisto, sin constituir materia de declaración de estado de excepción en alguno de sus grados.
Se aplica para resolver situaciones cuya adjudicación sea preciso acelerar por necesidades de interés o razones de interés público, que atiendan circunstancias en las que peligre o altere el orden social, la economía, los servicios públicos, las infraestructuras físicas o no físicas, asociadas a servicios públicos, salubrista, seguridad o ambiente de alguna zona o región.
En el caso de necesitarse, la adquisición debe tramitarse por la causal de excepción. Cuando el monto no exceda de Q900 mil será declarada por la autoridad máxima de la dependencia o entidad pública. Cuando el monto exceda de Q900 mil será declarada para el caso del organismo Ejecutivo, con el Consejo de Ministros.
Mientras que para el Organismo Legislativo, con la Junta Directiva, y para el Organismo Judicial, con su órgano superior de administración. En las municipalidades, debe ser aprobado por el Concejo, y en las entidades descentralizadas podrán solicitar la aprobación, por conducto de miembros de su autoridad superior colegiada, al organismo que corresponde.
Entre 5 y 7 semanas de espera por un tomógrafo que puede costar hasta Q15 millones
SIN CUÓRUM EN COMISIÓN PARA DICTAMINAR
El presidente de la comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, comentó que para dictaminar favorablemente la iniciativa de ley 6431, se requieren de al menos 12 votos, y permite que el Estado tenga capacidad de reacción.
«Ahora si es la verdad, si se arruina un tomógramo y repararlo cuesta Q400 mil, el Estado no puede reaccionar con compra directa tiene que hacer una cotización que cuesta hasta Q900 mil, tomaría ocho semanas poder repararlo o podría declarar un estado de Calamidad, pero no aplica por un tomógramo, simplemente tiene las manos atadas, entonces empieza la colecta», comentó Estrada.
El ponente de la iniciativa resaltó que el Estado debe tener la capacidad de reaccionar. Por ejemplo, se cae un puente y bloquea la carretera, no se puede esperar para hacer una licitación, pues la reforma en 2015 eliminó esa habilidad que tenía el Estado, la cual era fundamentada con un acuerdo gubernativo o acuerdo de Concejo Municipal con seguimiento de la Contraloría General de Cuentas para hacer compras por imprevistos, sin llamarle emergencias, ya que se requiere de acciones inmediatas porque son servicios públicos.
«Ya hay una propuesta de dictamen y solo necesitamos el cuórum y hacer los consensos en la comisión para poder dictaminar y pasarlo al proceso de aprobación», puntualizó Estrada.
En una segunda reunión de trabajo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el legislador Julio Héctor Estrada @JulioHectorE retomó la discusión de la #Iniciativa6431, que propone aprobar la ley para respuesta inmediata a la población en caso de emergencia,… pic.twitter.com/23RGqYX9Yt
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 23, 2025
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