El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresó su preocupación al respecto de la ampliación al presupuesto que aprobaron los diputados el 11 de febrero pasado.
El aumento presupuestario es por Q4 mil 166 millones, que solicitó el Ministerio de Finanzas, pretende garantizar la asignación a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y el pago de pensiones a cargo del Estado.
La presidenta del Cacif, Carmen María Torrebiarte, desde la cuenta de X de la gremial, comentó que dicha iniciativa de ley siguió los pasos legales en cuanto a petición y autorización, no obstante, mencionó preocupaciones.
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HABLA DE INCREMENTO
Torrebiarte se centra en el artículo 135 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, donde se incrementa fondos a los CODEDES su presupuesto.
«El presupuesto de los CODEDES ya estaba en Q9 mil 334 millones, y le asignan en este incremento de presupuesto Q1 mil 625 millones. Los CODEDES van a tener a partir de ahora casi Q11 mil millones, que es lo que estamos viendo en enero la ejecución fue de Q1 millón 447 mil 412, o sea a ese ritmo son más de seis mil meses los que se van a necesitar», resaltó la directiva de las cámaras gremiales.
La empresaria cuestionó que si no hay planes concretos de desarrollo de los Consejos en el área rural, es difícil que se ejecute esa cantidad de dinero, sin embargo; los están incrementando sin la ejecución correspondiente.
Ante los sucesos de esta semana👆🏻 Reiteramos la importancia de los planes de desarrollo de los CODEDES. #CACIF #Guatemala pic.twitter.com/SxAgXqrkGw
— CACIF (@CACIFGuatemala) February 14, 2025
Tras la postura compartida por el Cacif, La Hora buscó un posicionamiento al Ministerio de Finanzas, no obstante indicaron que no se pronunciarían y compartieron la presentación del tablero de asignación de montos a los CODEDES.
El Cacif fue una de las organizaciones que presentó una inconstitucionalidad parcial contra artículos del Presupuesto General 2025 con relación a los CODEDES, la cual fue otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
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Desde 2024, diputados cuestionaron la baja ejecución de los fondos en los CODEDES, no obstante, aprobaron una ley para permitir que los fondos que no se ejecutaron en ese año se trasladen para este periodo fiscal para «cumplir» las obras pendientes.
Además, entidades de análisis cuestionaron incrementar los fondos a los Consejos Departamentales sin tener planes o estudios de las obras que se planean construir.
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