La suspensión de varios artículos de la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) que realizó la Corte de Constitucionalidad (CC) este jueves 6 de febrero levantó los ánimos en el Congreso de la República. La nueva normativa de la institución de seguridad ciudadana se aprobó en noviembre pasado, entre prisas y negatividad.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, uno de los impulsores de esa legislación, porque fue integrante de la PNC, se pronunció de la detención de la vigencia de la ley.
«Estaremos analizando con lo resuelto de la Corte de Constitucionalidad, respetaremos sus fallos, aunque no los compartamos, porque aquí el interés de los guatemaltecos, que la vida, la libertad y su integridad física, la misma Constitución los protege y son fundamentalmente, el bien jurídico tutelado superior que cualquier normativa del país», resaltó Ramos.
Aunque al principio mencionó que no emitiría comentarios, sin conocer qué párrafos están en suspenso, ya que desde el momento que miles de agentes de la PNC, que con apoyo de universidades y experiencias de otros países se integró la iniciativa de ley, que buscaba dignificar el quehacer de los policías, tanto en el ámbito económico como laboral.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wpu7rRSqTR
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) February 6, 2025
CUESTIONAN AL CONGRESO POR NUEVA NORMATIVA
Ramos indicó que con la nueva ley se busca dar certeza jurídica en el cumplimiento de su deber, en situaciones que ponen en riesgo su vida.
«Si se han dejado algunos párrafos importantes que le den ese respaldo jurídico a los efectivos de policías, únicamente les estamos dando facultades y estamos empoderando a las estructuras de crimen organizado, que son peligroso para la vida de la integridad física y el ejercicio libre de los derechos del pueblo», agregó el titular del Congreso.
Asimismo, Ramos dijo que continuarán «peleando» para que las instituciones dispongan de personal calificado, depurado, y tecnificado para que haya seguridad, y calificó de grave darle oportunidades a las estructuras criminales.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) fue una de las organizaciones que señaló irregularidades a las iniciativas de ley que buscaron reformar la normativa de la PNC, y que se aprobó una nueva propuesta de ley en el Congreso de la República.
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