La Comisión Permanente del Congreso de la República tiene la primera reunión del 2025, y la atención de la población sigue centrada en los diputados y el aumento salarial que se recetaron 87 de ellos.
Uno de los temas que tiene pendiente y podría discutirse este lunes 6 de enero es el incremento del salario de los legisladores.
Aunque el presidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos, indicó que fue una decisión del pleno de hacer una revisión y equiparación de los sueldos, debe hacerse un análisis, pero ha expresado su oposición a esa propuesta, al igual que otros integrantes de la Comisión Permanente.
Desde que se conoció la propuesta de ley para que los diputados se aumentaran el salario fue criticado por la ciudadanía y han pedido que den marcha atrás a ese aumento que aprobaron a medianoche del 28 de noviembre de 2024.
Varios diputados de la bancada oficial, que a pesar de que han indicado que no votaron en favor, pero no impidieron la enmienda, han comentado que se debe hacerse una revisión, ya que el incremento no estuvo contemplado en el presupuesto del Congreso de la República.
Guatemaltecos llaman a diputados a dar marcha atrás con el aumento salarial que se recetaron
CC PERMITE AUMENTO AL SALARIO, PERO DETIENE INDEMNIZACIÓN
De acuerdo con el interés de varios diputados, esperan que el nuevo salario sea arriba de Q51 mil, como ganan los magistrados de Salas de Apelaciones del Organismo Judicial, pues algunos justifican ese aumento porque cuando visitan sus distritos deben colaborar con actividades o «ayudar» a personas.
El salario de un diputado es de Q29 mil 150, compuesto por Q9 mil 550 de sueldo, más Q6 mil 600 de dietas por plenarias, Q5 mil por gastos de representación y otros Q5 mil dietas de comisiones.
Algunos diputados que apoyaron su incremento salarial también esperaban recibir una indemnización al finalizar la legislatura, y aunque esa petición viene de hace años, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo parcial al diputado José Chic, donde dejaba en firme el aumento del sueldo, pero no permite el pago de una indemnización a los legisladores, quienes son electos popularmente.
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