Debido a que en la plenaria adicional del 22 de noviembre, los diputados no iniciaron a discutir la iniciativa 644, ley del presupuesto general de ingresos y egresos de 2025 que es de Q148 mil 526 milllones.
Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar, modificar o improbar el plan de gastos del organismo Ejecutivo. Y aunque para la última semana de trabajo legislativo se tienen programada tres plenarias, en una no se podría conocer la iniciativa, ya que está dedicada para la interpelación, que son los jueves.
Las sesiones restantes están programadas para el martes 26 y miércoles 27 de noviembre.
La única opción que tendrá la bancada oficial Semilla es presentar una moción privilegiada para que dicha propuesta se conozca de urgencia, para lo cual requiere de más de 107 diputados a favor.
En caso de no aprobarse el nuevo presupuesto, el gobierno de Bernardo Arévalo, manejaría el presupuesto vigente que supera los Q131 mil millones, debido a que el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria por Q14 mil millones.
Asignación al CIV y Consejos de Desarrollo allanan el camino del presupuesto 2025
PRESUPUESTO DEL CONGRESO TAMBIÉN A DISCUSIÓN
Otro de los temas de la agenda que se aprobaría en la sesión del viernes último, era el presupuesto del Congreso de la República, que alcanza los Q1 mil 200 millones, pero como tampoco se llegó a ese punto, los diputados deberán llegar a la sesión del día cuando se incluya para discutirlo.
No obstante, algunos legisladores indicaron que había acuerdos para aprobar ciertos temas antes de que finalice el periodo ordinario legislativo, ya que en diciembre y en la primera quincena de enero, que es periodo extraordinario, pocos diputados acuden a las sesiones.
Otros legisladores han cuestionado el techo presupuestario, tanto para el gobierno de Semilla, como para la junta directiva del organismo Legislativo.
La plenaria del 22 de noviembre se levantó debido a la falta de consensos para conocer en primer debate las modificaciones a la Ley contra la Delincuencia Organizada, normativa que utiliza el Ministerio Público con un juez para mantener suspendido al partido oficial Semilla.
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