
Los diputados lograron consensos para que las iniciativas de ley de Infraestructura Vial y la eliminación gradual del Impuesto de Solidaridad (ISO) pasaran en primer debate en la plenaria del 17 de septiembre.
Ambos proyectos de ley fueron presentados en anteriores legislaturas, pero fue hasta este año en que se lograron acuerdos para darles trámite en el Pleno y puedan convertirse en ley.
No obstante, las dos propuestas las devolvieron a las comisiones para un nuevo dictamen. En el caso de la del ISO porque recibió dictamen desfavorable y la de Infraestructura porque oposición al instalar peajes y la creación de una Superintendencia Vial.
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El dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa de ley 5431, de Infraestructura Vial, prioriza la construcción y mantenimiento de las carreteras centroamericanas, que conectan de frontera a frontera, y de Océano a Océano.
Sin embargo, algunos diputados anunciaron que presentarán enmiendas, ya que se crea un consejo que sería superior al Ministerio de Comunicaciones, y podría ser inconstitucional.
Iniciativa de Infraestructura Vial obtiene de nuevo dictamen favorable en la Comisión de Economía
ANALIZARÁN APOYO
Otra de las iniciativas polémicas que agregó la mayoría de jefes de bloque en la plenaria del último martes fue la 5777, que es la derogación del pago del ISO.
Aunque ese proyecto había sido rechazado, la comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior, a cargo Jorge Ayala, logró que se dictaminara favorablemente con modificaciones.
Entre los cambios que se le hicieron a la iniciativa es que la eliminación de ese tributo será paulatino. En 2025 los contribuyentes solo pagarán el 0.75 por ciento, en el siguiente año, 0.50% y el tercer año, 0.25%, y en el 2028 ya no existirá.
Esta decisión no es respaldada por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), porque considera una reducción en la recaudación de tributos.
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