El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se enfrenta a garantizar la transparencia en la ejecución de los fondos que aprobaron los diputados por segunda ocasión.
Es una ampliación presupuestaria de Q14 mil 151 millones que preocupa a economistas consultados por el uso adecuado en los rubros en que se justificó este ajuste.
La bancada oficial logró que se avalara incrementar el plan de gastos del Ejecutivo en su primer año, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera el presupuesto general de Ingresos y Egresos 2024, por dejar sin asignación a una organización no gubernamental.
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, reitera la preocupación en la redacción de algunas normas que impulsaron algunos legisladores.
Pone como ejemplo el artículo 10 del decreto 17-2024, que contempla Q500 millones para la compra de fertilizantes, para herramientas de trabajo agrícola hasta por Q75 millones, y para semillas hasta por Q25 millones.
Barrientos cree que para esas compras no se obliga al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) realizar licitación, ni cotización y se podrá hacer en forma directa.
¿Cómo votaron los diputados por la nueva iniciativa de ampliación presupuestaria?
Barrientos cuestiona que para esas adquisiciones se deberían de seguir los mecanismos de transparencia que establece la Ley de Contrataciones del Estado, pero la preocupación es la vulnerabilidad que hay para el abuso y la corrupción en la compra de esos insumos como ha ocurrido en el pasado.
«Las leyes por algo están, los mecanismos de cotización pública, subasta inversa, contratos abiertos, existen por algo, son mecanismos que se han creado para prevenir abusos, y es ahí donde está la gran dificultad», analiza Barrientos.
El especialista recomienda al Ejecutivo emitir disposiciones reglamentarias para tratar los riesgos de abuso, «porque se habla de procesos abiertos, pero con el nuevo decreto se exoneran».
«El Ejecutivo tiene el desafío de diseñar mecanismos de control para evitar esos abusos», resalta Barrientos.
El entrevistado hizo la relación y que cualquier ciudadano puede hacer el análisis de qué empresas están vinculadas a los diputados que promovieron esas disposiciones en la nueva ley, y entre las decisiones del mandatario está impulsar que ninguna de las empresas que participen en adquisición pública tengan relación con contratistas o con vínculos con diputados.
Congreso aprueba de nuevo la ampliación presupuestaria tras resolución de la CC
LAVARREDA: SE DEBE ESPERAR PUBLICACIÓN
Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es cauto al indicar que pueda haber un mal uso de los fondos e indica que hasta que el decreto sea sancionado por el Presidente se podrá conocer la distribución analítica que haga el Ministerio de Finanzas con el destino final de los recursos.
Según Lavarreda, hasta hoy (tres días después de su aprobación) no hay claridad a detalle, renglón o fuente, que permita establecer el destino, sino que está a nivel general.
«Luego de eso hay que velar porque se mantengan esos destinos y es la Contraloría General de Cuentas a quien le corresponde, y el Congreso, con la acción fiscalizadora, deben revisar la ejecución», argumenta.
Agrega: «Pero algo especial es la auditoría social, pero es el mismo Ejecutivo que ha dicho en establecer medidas de transparencia para que se conozca el uso de los fondos».
THOMAS: HAY BAJA CAPACIDAD DE CONTROL
El profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, Fritz Thomas, explica que no solo deben fiscalizarse los fondos de la ampliación aprobada, sino de todo el presupuesto general.
Lamentablemente, recuerda, en la administración pública se tiene la particularidad de crear burocracia, desde un instituto como el de la Atención a la Víctima hasta una secretaría, y en este gobierno se ha visto que hay «muy baja» capacidad de vigilar la calidad del gasto, como también la baja capacidad de la Contraloría General de Cuentas.
«Hay mucho experto que vive de los negocios del gobierno, que conocen el arte de cómo manejar los aspectos formales y de documentación, pero no hay voluntad del gobierno ni de la Contraloría de vigilar, pues si bien se sigue con los formalismos, no se ve más allá», manifiesta Thomas.
Finaliza con que «a veces en las licitaciones se crea cierto favoritismo al requerir ciertas especificaciones en compras, que van con dedicatorias».
Estos son algunos rubros a donde irán parte de los 14 mil millones del presupuesto
ASIGNACIÓN A CODEDES, LA MAYOR TENTACIÓN
En la aprobación de incrementar el presupuesto general de este periodo, los diputados decidieron asignar Q1 mil 875 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para proyectos de «educación, salud, agua, saneamiento, drenajes, infraestructura vial, urbana y rural, y caminos rurales».
Sin embargo, desde que se inició con el análisis del proyecto de ley que entregó el organismo Ejecutivo, tanto el CIEN como el Icefi hicieron la observación a los legisladores que debían requerir más información a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) para evitar que fuera un bolsón de «corrupción».
Barrientos menciona la conformación de los Codedes, liderados por los gobernadores, alcaldes y ciudadanos, y si bien se ha argumentado el rol legítimo de los diputados por procurar inversión en sus departamentos, el problema es que los legisladores están vinculados con contratistas que terminan siendo los beneficiarios de las adjudicaciones en los Consejos.
«Una medida podría ser que cada Codede disponga que no se podrán adjudicar negocios o proyectos a empresas u oenegés vinculadas con alcaldes o diputados distritales, pero muchos gobernadores carecen de experiencia y pericia técnica que requiere de ese tipo», cuestiona Barrientos.
El especialista del Icefi indica que también se pueden incluir reglas del Impuesto Sobre la Renta de partes relacionadas, control accionario, o familiar de algún gobernador o financista de campaña electoral. «Creemos que será difícil que los Codedes logren diseñar reglas y disposiciones de control», adelanta Barrientos.
El economista insta al Ejecutivo a fomentar las mesas de discusión de mecanismos para evitar ese conflicto de interés, ya que esa asignación es «un cheque en blanco», porque no se conoce el destino de los recursos y preocupa que el debate sea superficial y no sea para conocer aspectos técnicos en la ejecución de fondos».
«Se esperaría que se habilitaran esos espacios, porque el Estado ha tenido esa debilidad histórica para evitar esas prácticas que en papel son legítimas, pero en realidad se convierten en abusos, más cuando la norma exonera esos controles», sentencia Barrientos.
Mientras que Lavarreda reitera que se deben conocer los proyectos de inversión que se van a financiar con esos fondos desde los Codedes, los cuales tuvieron que haber pasado los procesos de planificación y dictamen de aprobación de Segeplan.
