El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, actualizó la situación en que se encuentra la construcción del puente Belice II, proyecto que se incluyó en el Decreto 21-2022.
Alvarado enfatizó que es necesario repensar el nombre de esa obra, el cual ha tenido una serie de tropiezos, y es necesario abordarse para liberarlo. El ministro habló de varios temas luego de una citación en la comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.
El funcionario reconoció que es un proyecto de «alta importancia estratégica», y se busca insertarlo en la visión del sistema de movilidad metropolitano, por lo que no solo es un asunto de un puente, sino que es lo que conecta ese puente, quién transita ahí.
«Es consistente con la preocupación y prioridad del Presidente de la República del abordaje del metro, entendido como eso, como el corazón de un sistema metropolitano de movilidad. Ha sido materia de múltiples consultas jurídicas en la administración pública y dentro del ministerio si se puede continuar», mencionó Alvarado.
El ministro enfatizó que se tiene que hacer adecuadamente, ya que lo que le interesa al ministerio es el beneficio de los usuarios y hacerlo estrictamente «no a medias», dentro de lo que les permita la ley y el marco administrativo de contratación, por lo que si no lo tienen «amarrado completamente» tienen que seguir despacio.
DISCREPANCIAS POR CONSTRUCCIÓN
En el Decreto 21-2022, que fue la ampliación al Ministerio de Comunicaciones en el gobierno de VAMOS, se autorizó Q1 mil 212 millones para la construcción del puente Belice II. No obstante, en los últimos meses de la administración de Alejandro Giammattei aumentó el precio para dicho proyecto.
El rubro para esa proyecto se menciona construcción de puente y sus aproximaciones, por lo que diputados de oposición criticaron que el monto llegó a más de Q1 mil 700 millones, situación que hizo que la exministra de Comunicaciones instalara una mesa para revisar el proyecto y el diseño.
Sin embargo, ese proyecto no solo ha causado alteración, sino que la Contraloría General de Cuentas presentó denuncias penales por anomalías en el manejo de los fondos aprobados en dicho decreto.
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