Entre los informes que debe analizar la comisión legislativa de Finanzas Públicas del Congreso de la República está la auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para liquidar el presupuesto general de la Nación de 2023, que fue el último año del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. En dicho documento, la Contraloría presentó más de 90 denuncias penales por anomalías en Q6 mil 690 millones.
Algunas de las denuncias fueron planteadas por mala ejecución de fondos autorizados en el Decreto 21-2022, denominado Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica y establecía una ampliación de Q3 mil millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
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El presidente de la mesa de trabajo, Julio Héctor Estrada, respondió que se citará al contralor, Frank Bode, para que haga una presentación del informe y que los diputados analicen el contenido del documento, para tomar medidas específicas.
Estrada resaltó que las denuncias penales no cambian la naturaleza del trabajo, ya que puede ser algo casual, porque básicamente el número de denuncias crece por un bloque.
«Agarraron el bloque de carreteras, de la ley especial de infraestructura, y eso es un monto muy grande. El análisis tiene que ser de todas las instituciones ¿Cuántos hallazgos? ¿Cuántas denuncias hay? Inclusive, ver cómo está funcionando y está haciendo el trabajo el contralor», destacó el presidente de la Comisión de Finanzas.
Respecto a si le hacen un llamado al Ministerio Público (MP) para que le dé seguimiento a las denuncias, Estrada añadió que le corresponde a la ciudadanía y a cada diputado analizar las denuncias específicamente, pues es un bloque de señalamientos.
Además, dijo, hay diputados fiscalizando, por lo cual consideró que analizar el seguimiento de las denuncias no es un rol de la Comisión que preside, sino que tienen que analizar el trabajo de auditoría y las medidas que está tomando la Contraloría General de Cuentas.
OPINIONES DIVIDIDAS
Se consultó con varios integrantes de la comisión de Finanzas con respecto al tema, pero pocos respondieron.
El diputado Juan Carlos Rivera indicó que pedirá dar seguimiento a las denuncias planteadas, pues la aprobación del informe anual de la CGC en esa mesa de trabajo se da cada año.
Mientras que la congresista Alexandra Ajcip respondió que no ha terminado de leer el informe de liquidación, pero lo que se hace históricamente para que se cierre el ciclo fiscal anterior es aprobar dicho documento, para que el mismo sea ratificado por el Pleno del Congreso.
«Creería que sí hay un tipo de denuncias que Contraloría ha establecido, deberían ser los órganos de investigación, donde me imagino que Contraloría va a aportar las pruebas y el Ministerio Público debería de hacer todo este tipo de investigación para ver si han cometido esta clase de hechos ilícitos», añadió Ajcip.
Asimismo, dijo que si las denuncias cuentan con fundamento, «sería bueno dilucidarlas o en su caso confirmarlas, pero será el Ministerio Público que haga esa labor».
