Los integrantes de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Cristina Álvarez y José Pablo Mendoza, entregaron una iniciativa de ley con la que buscan prevenir el conflicto de intereses en la función pública.
La propuesta busca que las personas que trabajen en el Estado, y funcionarios deben presentar la declaración jurada ante la Contraloría General de Cuentas, de las actividades que han ejercido durante los últimos cinco años antes de ocupar el cargo.
Entre la información que se deberá declarar está describir los puestos ocupados, funciones y actividades desempeñadas en el sector privado, cuyo negocio esté directamente relacionado con las funciones del cargo público que ocupa, así como los contratos o nombramientos entre el Estado y el funcionario o por alguno de sus parientes dentro de los grados de ley en donde tengan participación directa o indirecta como accionistas o beneficiarios de utilidades.
También informar de los puestos ocupados, funciones y actividades desempeñadas en el sector público con anterioridad al cargo público que ocupa.
«La declaración jurada a que se refiere el presente artículo deberá enviarse al Presidente de la República y a la autoridad nominadora de la institución respectiva, así mismo será de acceso público y deberá publicarse como información de oficio en el sitio web de la institución en la que ejerce el cargo el respectivo funcionario; dicha declaración deberá mantenerse en el portal web mientras el funcionario desempeñe el cargo y hasta seis meses posteriores al cese de sus funciones», establece el proyecto de ley.
La declaración jurada se requería para ministros y viceministros, secretarios y subsecretarios, gobernadores, directores y subdirectores, comisionados y gerentes del organismo Ejecutivo. Además, de la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, presidente del Banco de Guatemala, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), intendentes y su directorio.
El titular de la Superintendencia de Bancos, y de la Junta Monetaria. El presidente y miembros de la junta directiva, gerencias y sub gerencias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). También para el contralor y subcontralor de la Contraloría General de Cuentas. Los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como también de la directiva del Instituto de Fomento Municipal.
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En la dirección general y secretario del pleno de la Comisión Portuaria Nacional, gerencia de la Empresa Portuaria Quetzal, y de la gerencia general y junta directiva de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. Para el gerente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), en la gerencia y junta directiva del Instituto Nacional de Electrificación, dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
Además, en la gerencia del Instituto Nacional de Administración Pública, miembros en la directiva del Instituto Nacional de Bosques (INAB), secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), consejo directivo y gerencia del Instituto Nacional de Cooperativas, y otros cargos directivos y jefes en la administración pública.
En la iniciativa de ley se indica que es conflicto de interés la situación de contradicción entre los deberes privados de un funcionario, por lo que existe ese problema cuando un funcionario interviene en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses públicos e intereses privados propios, de familiares o compartidos con terceras personas, restando imparcialidad en el ejercicio de competencias.
Además, se aborda sobre la puerta giratoria, de personas que están en el sector público y pasan al sector privado, o viceversa.
SANCIONES POR PRÁCTICAS
Álvarez comentó que esa propuesta de ley, ya funcionan en otros países y busca evitar el cruce de intereses entre personas que laboran en una empresa y llegan a ocupar un cargo en alguna institución gubernamental.
A la vez, Álvarez recordó al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, ya que fue socio de una empresa que benefició cuando estuvo en el gobierno de VAMOS, a integrantes del directorio de la SAT que tienen empresas de consultorías fiscales. Asimismo, de empleados de constructoras han estado en la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones.
«Lo que se busca no es que se le prohíba a alguien trabajar, sino declaraciones juradas donde el que va a asumir el cargo o dejar el cargo, diga donde ha estado y si incumple llevará sanciones», resaltó el congresista.
Las sanciones que se proponen son pecuniarias por las faltas. Como también el área de recursos humanos de la entidad respectiva debe verificar el cumplimiento de lo dispuesto, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa.
