La propuesta por mejorar la circulación en una de las salidas de la capital hacia el Atlántico no termina de concretarse. La empresa encargada de construir el puente denominado «Belice II» confirmó recientemente en el Congreso la suspensión de la obra, que empezó en puntos de la zona 6 capitalina.
El proyecto que se contempló en una ampliación al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ha causado polémica por varios aspectos, entre ellos los costos, unos “comentarios” de Caminos y derechos de vía.
Foscolo Liano, gerente de Grupo Muratori, encargada de la construcción, señaló que por el cambio de autoridades, las nuevas hacen una revisión del contrato y de pagos, por lo que han surgido observaciones, que a su criterio son erróneas, y demuestran «un gran desconocimiento de lo que es el proyecto», ya que no es solo un puente en sí.
De acuerdo con el ejecutivo, son cuatro kilómetros de puente de concreto de dos niveles, para lo que se contemplan 140 estructuras de concreto por lo que han explicado de lo que se trata, el costo y la modalidad para desarrollarlo, mientras el Ministerio «da luz verde» para continuar pues anunció una suspensión temporal del proyecto.
«Se tiene que tener una certeza de pago, porque por el monto del proyecto es difícil llevarlo a cabo si no se cuenta con certeza de que todo va a ir caminando. La construcción es de 140 estructuras de concreto, que llevan vigas, unas son de cuatro carriles, otra de dos carriles, pasos a desnivel. Mi insistencia es que hay mucho desconocimiento de lo que es el proyecto, para que el público entienda de qué se trata la megaobra, como nunca se ha hecho en Guatemala», respondió Liano al preguntarle sobre el tiempo que durará la suspensión de los trabajos.
El gerente indicó que una de las razones para evitar la suspensión, es que el Ministerio haga pagos de Q50 millones constantes, para que la obra finalice en «tiempo» como está ahora su diseño. Sin embargo, el terrero para construir la obra no está del todo disponible, porque falta conseguir unos derechos de vía, aunque no era obligación de la empresa conseguirlos, se trabaja con Ferrovías, la Municipalidad de Guatemala y Comunicaciones, porque se deben comprar espacios o hacer desalojos, explicó Liano.
EL VALOR, UNA MANZANA DE LA DISCORDIA
Al inició de la administración de Jazmín De la Vega en Comunicaciones se anunció una revisión del contrato de dicha construcción, como también diputados pidieron una fiscalización de la obra, porque en el decreto 21-2022 se autorizó un presupuesto de Q1 mil 200 millones, que con los meses se aumentó y llegó a un costo de Q1 mil 750 millones.
El representante de Muratori indicó que fueron «invitados» a participar por lo que presentaron sus costos que fueron de Q1 mil 750 millones, pero cuando se conoció la oferta era de Q1 mil 600 millones, en la cual solo ellos participaron, su propuesta quedó en la franja y se adjudicó el proyecto, aunque reconoce que no se usó el precio base que estaba dispuesto en el Decreto 21-2022, porque «alguien de Caminos» informó que no era el precio real. El personero de Muratori no ahondó en ese “alguien de Caminos”.
«Los precios son muy difíciles de bajar porque fueron competitivos, entregamos al Ministerio la oferta, cosa que no se acostumbra. Para que vean la transparencia en lo que se cuantificó, quizás el precio original que dice el Decreto no fue calculado con la certeza con que lo hicimos, porque nosotros tenemos 25 años de estar en el mercado y conocemos cuales son los precios de las vigas, el apoyo, a lo que corresponde a un puente de esa naturaleza. Insisto, este proyecto no es lo común que se hace en Guatemala», añadió el gerente al ser consultado si está de acuerdo con que se disminuyan el precio de la obra.
DE LA VEGA: NO ENCONTRAMOS DOCUMENTACIÓN Y PROYECTO ESTABA «SUPER PAGADO»
Vecinos de la zona 6 mencionan que la obra se ve lejana a pesar de que iniciaron unos trabajos, lo cual provocó más complicaciones para los vecinos. La Ministra de Comunicaciones confirmó que los trabajos fueron suspendidos por decisión de ella, pero aclaró que no fue por falta de pagos.
«No vamos a dar más pagos, si ya está super pagado. Lo que estamos pidiendo es documentación del proyecto porque en la forma en que se ejecutó el proceso, hubo muchas arbitrariedades. No hay documentación de nada, en Caminos no hay, desaparecieron documentación, sacaron cajas, mandaron a destruir papelería, no está el presupuesto, no hay nada y pedimos a Muratori que nos desglose porque en el contrato tienen puente 1, paso 6, bifurcación tal, y precios no hay. Hay datos globales y yo puedo poner cualquier cantidad, estamos a la espera que manden la documentación para analizarla», expresó De la Vega.
La Ministra insistió en que no hay antecedentes del proyecto, por lo que si ellos dicen que sí, que los presenten, porque han pasado los días y no completan la información.
La Ministra además expresó que aunque fue una licitación pública internacional, varias empresas pidieron las ofertas y pidieron ampliación para entregar las propuestas, hubo arbitrariedades, pues la comuna capitalina incluyó un diseño que costó Q5 millones, pero resulta que la constructora ganadora tenía su diseño, por lo que la obra ahora se indica diseño y construcción, por lo que se hizo que con ese documento se hiciera su presupuesto, pero la ministra cuestiona que ella puede hacer un diseño «A, B y C, de lo que ella quiera», y el diseño de la Municipalidad era sencillo, y ahora es un monstruo.
En el Decreto 21-2022 se autorizaron Q1 mil 212 millones para la construcción de ese puente, pero después Caminos aumentó el precio a Q1 mil 700 millones, por lo que la Ministra cuestiona de dónde sacaron esas estimaciones, por lo que otra de las dudas fue que a pocos días de abrir las plicas participantes pidieron más tiempo para tener tiempo para diseñar, ya que con poco tiempo no les permitía hacer su propuesta.
Por último, otra de las arbitrariedades que mencionó De la Vega es que debieron considerarse antes los derechos de vía, porque en el trayecto hay viviendas de hasta dos niveles, como también postes de alta tensión y hay que moverlos, lo cual tendrá un costo y no hay fondos para esos rubros, que al menos llevarían siete meses para moverlos.
«Todo está hecho a la brava. Ellos tienen que presentar una integración de costos y la analizaremos», finalizó la Ministra de Comunicaciones.
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MUNI: REACTIVAR LA ECONOMÍA Y MEJORAR LA FLUIDEZ
La gerente de Planificación de la Municipalidad de Guatemala, Silvia García, estima que la construcción de ese puente es una infraestructura de conectividad «muy importante» para la ciudad y será una vía alterna para el puente original, ya que reduciría tiempos de recorrido y de espera en cruces, y movilidad.
García enfatizó que el proyecto se contempló en el plan estratégico para reactivar la economía, como los de movilidad urbana del aerómetro y el metro. Además, se espera que la infraestructura incluya remozamiento de calles de acceso, la construcción de sistema de drenaje y del sistema eléctrico para iluminación y seguridad, o modernización de la red vial del municipio.
La representante de la comuna explicó que sí se puede cambiar el diseño que presentó la municipalidad para el puente Belice II, porque se estructuró bajo la modalidad de contratación en diseño y construcción, lo cual permite poner un diseño preliminar a disposición de los participantes de la licitación para que este presente en su oferta mejoras a nivel de calidad, diseño, materiales y otras innovaciones que mejoren la infraestructura y su utilidad a los usuarios; dicha innovación fue posible a las reformas al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, refiere.
«El diseño por parte de la Municipalidad fue un diseño referencial, con el cual el participante de la licitación podía tomar como base para plantear su diseño a presentar en su oferta. De las grandes ventajas que tiene la licitación bajo el modelo de diseño y construcción es que el riesgo del diseño recae en el contratista, lo cual implica un gran avance para la construcción de la infraestructura en obra pública. La distribución de riesgos, en donde cada parte – público y privado – se hacen cargo de lo que mejor pueden hacer es un gran paso para poder desarrollar obra pública», respondió García.
A la vez, expresó que la Dirección de Caminos socializó el diseño final de la obra, el cual contempló requisitos que solicitaron Ferrovías y Fegua para cumplir la nomativa ferroviaria, pero como municipalidad desconocen la integración de los costos de dicha obra.
Sobre el derecho de vía, García informó que es parte del Estado (Ministerio) que tiene que gestionar en ese tipo de obras, por lo que se trabajó utilizando el derecho de vía ferroviario.
Además, a la representante de la Municipalidad se le preguntó algunos aspectos relacionados al precio y esto fue lo que comentó:
Respecto a sus otras preguntas, como le mencioné, solo le puedo responder muy general para su información, pero ya que es un proyecto a cargo de la Dirección de Caminos del CIV y debe guiarse por las respuestas de ellos.
¿Esa modificación, como ahora se pretende hacer, cuesta el incremento del diseño que entregó la constructora encargada de la obra? La Ministra dijo que era Q5 millones el costo del diseño de la muni, pero Muratori indicó que son Q50 millones.
Desconocemos las particularidades del cambio del diseño final, el cual fue aprobado por la Dirección de Caminos. El diseño por parte de la municipalidad fue un diseño referencial, con el cual el participante de la licitación podía tomar como base para plantear su diseño a presentar en su oferta.
La postura del CIV es que el costo se tiene que bajar porque tiene la teoría que está sobrepagado, ¿qué postura tiene la Municipalidad de eso?
Como municipalidad no podemos dar postura sobre los pagos que debe o no hacer el ente rector.
FUNDESA: COMUNICACIONES APROBÓ EL DISEÑO
El investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Jorge Benavides, enfatizó que la Ley establecía que el Ministerio de Comunicaciones al momento de sacar una licitación de obra tiene que presentar de referencia los estudios de ingeniería a detalle.
Por lo que el Estado invierte en estudios que no es uno, sino en realidad alrededor de 11, donde uno tiene diseño estructural, un análisis de suelos, tipo de materiales, mezclas de materiales, análisis de estructuras, capacidad de carga, demanda de vehículo, topografía, horografía, precipitación pluvial.
Asimismo, indicó que se trabajó con el Ministerio de Finanzas la posibilidad de modificar el reglamento de la Ley de Contrataciones, ya que estipula que la construcción de obras viales tiene que contemplar un diseño por parte del Ministerio de Comunicaciones y se modifica el artículo 8 del reglamento, establece que el Ministerio puede licitar una obra bajo la modalidad de diseño y construcción o diseño, construcción y operaciones.
«Eso quiere decir que tengo de referencia, no a detalle, un posible diseño de la obra y las empresas que apliquen van sobre esos diseños a elaborar una ingeniería de detalle y proporcionar un precio de lo que implicaría la construcción de la obra. La ley de Contrataciones establece que cuando se hacen contratos de diseño y construcción, se debe hablar de un precio cerrado. El objetivo de la Ley es blindarse, ante la posibilidad de que la constructora diga ‘yo hice el diseño, pero ahora que estoy construyendo va a salir más caro, porque no hice el diseño suficientemente detallado’, y para cubrirse de eso el reglamento establece que hace el diseño y lo tiene que hacer bien con un precio cerrado porque con ese precio tiene que salir», dijo Benavides.
El ejecutivo indicó que se contrató a Ernst & Young, que es una firma de auditoría internacional, que ayuda desde la publicación de las bases de licitación, la difusión de posibles interesados, incluso preguntas que salieron de los aplicantes para resolverlas hasta la adjudicación.
No obstante, mencionó que los problemas iniciaron porque el financiamiento del proyecto se fijó en el Decreto 21-2022, pero por ser Ley difiere del monto convenido con el contrato y por ser legislación no se puede. Pero en la modalidad del contrato de diseño y construcción establece que el contratista proporciona un diseño referencial, pero es responsabilidad del contratista plantear un diseño, el cual tiene que ser aprobado por el Ministerio de Comunicaciones, lo cual sucedió y por eso hay un contrato.
«La diferencia entre el monto aprobado en la Ley y el autorizado en el contrato, lo cual no necesariamente es un problema porque la legislación establece cuánto el Ministero de Finanzas va otorgar a Comunicaciones para pagar la obra, como un aporte extraordinario porque la ley es extraordinaria no afecta los fondos recurrentes, y el Ministerio puede cubrir esa diferencia. Lo otro que es lo que la ministra ha comentado es ajustar, porque aduce que hay un sobreprecio, que otras obras se pueden ajustar a lo que establece puente Belice II para cubrir ese diferencia y poderlo justificar, porque la ley establece que el contrato es a precio cerrado, no se puede modificar el precio», puntualizó Benavides como opciones para solventar los atrasos y que continúe la obra.
Por último, Benavides consideró que dicha obra será la más grande en el país desde los años 70, y será la infraestructura más grande desde el sur de México hasta Panamá, por lo que no hay un precedente.
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