La comisión pesquisidora del caso contra los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) modificó el cronograma de trabajo, luego de que el diputado de VAMOS, Mynor De la Rosa, sugirió reprogramar la audiencia para escuchar al integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Ministerio Público (MP).
La semana pasada, ni el exdiputado de la UNE Víctor Guerra, ni los fiscales Rafael Curruchiche y Eugenia Morales Lazo, acudieron al Congreso de la República para ratificar la acusación penal por los resultados de las elecciones generales de 2023.
De la UNE no se tuvo alguna postura, mientras que Morales Lazo indicó por medio de una misiva que por «análisis de riesgo» no se presentaban ante la pesquisidora.
Por unanimidad, la comisión acordó que se reunirá el jueves 23 y viernes 24 de mayo para escuchar tanto a los denunciantes, como a las autoridades electorales. La semana pasada los integrantes de la mesa de trabajo solicitaron una opinión a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso sobre qué hacer en el caso, pues no se había presentado la parte acusadora.
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«Resulta importante mencionar que la Ley en Materia de Antejuicio establece en su artículo décimo como atribuciones de la comisión pesquisidora, específicamente en la literal b, que dicha comisión debe solicitar la ratificación de la querella presentada… Respecto a la incomparecencia de ratificar su denuncia del o los promotores de las diligencias, las normas aplicables no establecen ningún efecto o consecuencia, sin embargo; atendiendo a lo establecido en el artículo 10 literal c, d y e, resulta evidente que aunque no se ratifique la denuncia, la comisión pesquisidora tiene diligencias que aún puede realizar. A lo expuesto hay que agregar que el artículo 11 de la multicitada ley en sus numerales 1, prohíbe a la comisión arrogarse facultades que corresponden a los órganos jurisdiccionales o al Ministerio Público como podría ser declarar la falta de materia de la denuncia por su ausencia de ratificación, pues dicho extremo solo puede ser declarado por las instancias antes indicadas. Y además, implicaría una desestimación tácita del proceso repercutiendo sobre la culpabilidad o no de los antejuiciados, lo cual también es prohibido», se lee en parte de la respuesta de la Dirección.
Asimismo, se recomendó tomar nota de la ausencia de ratificación y decidir si se practicará una nueva citación a los promotores o si se continuará el trámite sin su comparecencia, debiendo dejar constancia de dichos extremos en el informe correspondiente y la recomendación que se emita al Pleno.
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A la vez, se sugiere que la comisión debe tomar en cuenta que el propósito de la misma consiste en establecer la existencia y veracidad de los hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario, y determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas e ilegítimas en afán de involucrar a tales funcionarios con el único objeto de emitir un informe y recomendación no vinculante al Pleno.
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Previo a la opinión jurídica, algunos diputados que conforman la comisión habían acordado no volver a agendar la audiencia para escuchar a los denunciantes. No obstante, a propuesta del integrante de VAMOS también se escuchará al denunciante como al fiscal nacional de la agrupación de la UNE, así como a su fiscal informático.
Además, se citará al director de Informática del ente electoral, y para el viernes escuchar a los magistrados titulares, siendo Blanca Alfaro, Irma Elizabeth Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco.
La pesquisidora está conformada por Luis Cáceres y Román Castellanos, de la bancada oficial Semilla, Rodrigo Pellecer, del partido Comunidad Elefante; Mario Gálvez, de la UNE, y De la Rosa de VAMOS.
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